El Gobierno pide al Constitucional perseguir a Artur Mas si desobedece

El Gobierno de Rajoy pide en su recurso que se les haga un “apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones” a 21 altos cargos catalanes —entre ellos la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y el presidente en funciones Artur Mas, en caso de que incumplan la suspensión y reclama que se inicie un procedimiento penal por un delito de desobediencia en caso de incumplimiento.

El recurso pide que se suspendan todos los acuerdos y se declare inconstitucional la resolución que inicia el proceso de separación de España porque es "contrario a los principios de valores y reglas de convivencia que ignoran de manera deliberada".

La resolución vulnera ocho artículos de la Carta Magna y tres artículos del Estatuto De Autonomía. "El gobierno catalán está actuando en un marco de absoluta carencia de seguridad jurídica ni garantías para los ciudadanos, sustituyendo el imperio del Derecho por el imperio de la arbitrariedad de una mayoría no cualificada de un Parlamento autonómico y al margen de cualquier procedimiento válido". Según el escrito, el acuerdo del Parlament "atribuye un poder rupturista que prescinde de cualquier respeto a los principios de la Constitución con un menosprecio absoluto al Estado de Derecho".

Según el abogado del Estado, los acuerdos adoptados el lunes representan un conjunto sistemático para la secesión con medidas inconstitucionales y no democráticas, porque "ningún ciudadano está fuera de la ley". El hecho de que el gobierno catalán quiera hace un llamamiento a la desobediencia pretende romper el marco de convivencia institucional. El Gobierno recuerda que Cataluña ostenta autonomía pero no soberanía y que España es indisoluble, según el artículo 2 de la CE.

El recurso reconoce el derecho del pueblo catalán para ser un estado independiente pero señala que solo podrá existir si se reforma la Constitución y concluye que la forma de Estado es la monarquía y no la república.