La Fiscalía sitúa a la senadora García-Pelayo en el vértice de la Gürtel en Jerez

Madrid

La Cadena SER ha tenido acceso al contenido del informe de la Fiscalía sobre la competencia del Supremo para instruir el caso de las adjudicaciones a la trama Gürtel en Jerez en 2004 por parte de la entonces alcaldesa del PP y hoy senadora del mismo partido, María José García-Pelayo, y los argumentos del Ministerio Público son abrumadores.

El fiscal Fidel Ángel Cadena sitúa a García-Pelayo en la cúspide del engaño en Jerez para la firma de tres contratos con la supuesta trama criminal dirigida por Francisco Correa. Tres contratos por la organización de la presencia del Consistorio en Fitur por un total de 343.537,58 euros, que como los pliegos de adjudicación, fueron elaborados una vez ejecutados los trabajos, para dar apariencia de legalidad al amaño.

Para el fiscal del Supremo, el papel de García-Pelayo fue primordial y le atribuye sendos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público. Asevera que la senadora, a quien el PP ha incluido en la Diputación Permanente de la Cámara Alta con lo que mantendrá su condición de aforada tras la disolución de las Cortes, “utilizó” su “posición de superioridad” en el Ayuntamiento de Jerez “para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando a los intereses generales, eliminando arbitrariamente la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder”.

García-Pelayo, indiciariamente, “dictó resoluciones decisorias con conocimiento de su separación clamorosa del derecho”. Resoluciones para las que “carecía de competencia”, en relación a las dictadas desde la presidencia del Instituto de Promoción de Jerez, “con vulneración de las normas esenciales de legalidad e igualdad de concurrencia”.

Por ello, el fiscal entiende que García-Pelayo habría incurrido en un delito continuado de prevaricación. Además, interpreta que también debe ser acusada de otro delito continuado de falsedad en documento oficial por su papel como presidenta del Consistorio y del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez en la elaboración a posteriori de los expedientes administrativos de contratación y adjudicación. Afirma el fiscal que “los expedientes administrativos” fueron “mera ficción al servicio de la prevaricación previa, habiéndose confeccionado ex post con el propósito de encubrirla”.

Con estos razonamientos, desconocidos hasta ahora, el Supremo se declaró competente el pasado 24 de septiembre para investigar a García-Pelayo, a quien Mariano Rajoy acaba de elegir como número dos al Congreso de los Diputados para las elecciones del 20 de diciembre.

El Supremo ya nombró magistrado instructor y ha abierto causa especial contra la senadora. Ahora debe decidir si solicita el suplicatorio para imputarla.

El resto de la instrucción de la trama jerezana del caso Gürtel ya ha sido concluida en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha procesado a nueve personas, entre funcionarios del Consistorio y la cúpula de la organización, por un delito de prevaricación.