El Gobierno no blinda el sueldo a las funcionarias víctimas que tengan que cambiar de destino por seguridad

Madrid

La secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha elaborado la resolución por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Una insistente reivindicación de los sindicatos desde 2008 que se hace por fin realidad siete años después.

El documento del Gobierno, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, señala que las empleadas públicas que corran riesgo tendrán "derecho al cambio de destino". La movilidad se efectuará a otro puesto propio de su Cuerpo, Escala o categoría profesional de "análogas características" y deberá estar "dotado presupuestariamente". Y esto es lo que dice en cuanto al salario, sin especificar que debe mantener la retribución salarial que venía percibiendo la mujer.

"No está garantizado el mismo salario. Nosotras insistimos en que se pusiese por escrito que en ningún caso haya merma retributiva con respecto al puesto de origen, porque al final te pueden garantizar puesto similar pero debe asegurarse que la movilidad no supone ninguna pérdida porque de lo contrario provocará la revictimización de la mujer que necesita todo tipo de apoyo y el económico es fundamental". Es la queja de la secretaria de Igualdad del sindicato CSIF Marián Mur quien manifiesta su satisfacción por el protocolo tan esperado y reivindicado pero tampoco oculta su malestar por esta laguna importante del procedimiento.

No es la única pega. Marián Mur considera que la resolución tampoco garantiza la confidencialidad de los datos de la mujer maltratada. No podrá solicitar la movilidad y cambio de destino de forma telemática, sino que deberá presentar una solicitud ante la "unidad" competente y deberá presentar varios documentos y certificados ante el órgano que este instruyendo el procedimiento.

"No puede ser que se les exijan estos certificados, documentos y explicaciones motivadas que dejan mucho rastro y ralentizan los trámites", señala Mur. Las víctimas tendrán que acreditar la situación de violencia mediante sentencia condenatoria de su agresor, orden de protección, informe del Fiscal o bien una resolución judicial con medidas cautelares. "Nos parece que con la sentencia o la orden de alejamiento es más que suficiente para presentar la solicitud de forma telemática, mas ágil y fácil para ella", añade la sindicalista.

Esta movilidad tendrá la consideración de traslado forzoso, por lo que los gastos e indemnizaciones correrán a cargo de la administración. Y además si cambian las circunstancias de seguridad como pudiera ser "el ingreso en prisión o el fallecimiento del agresor", la funcionaria tendrá derecho a solicitar el retorno a la localidad de origen y el estado estará obligado a ofrecerle un empleo similar al que venia desempeñando.