El Parlamento brasileño autoriza abrir un juicio político contra Rousseff

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, ha autorizado la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015. Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar en algún momento.

"No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley", afirmó el presidente de la Cámara baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró "independiente" y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición.

El presidente de los Diputados dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.

"Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año", aseguró.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas. La petición aceptada por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

Cunha admitió que la petición presentada por varios juristas, entre los cuales Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se refería a maniobras fiscales del año pasado, pero que sus autores presentaron un anexo para incluir en la acusación irregularidades supuestamente ocurridas este año. "Mi responsabilidad es únicamente autorizar la apertura del proceso pero no la de proferir juicio de mérito sobre la acusación", aclaró Cunha.

Agregó que el inicio oficial del juicio contra el jefe de Estado depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará esta misma semana se pronuncie sobre el mérito de la acusación. Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión Especial de diputados que tendrá que emitir un parecer sobre si acepta o rechaza el inicio del proceso.

El presidente de los Diputados lamentó su propia decisión y dijo que no consiguió ningún argumento técnico para desmontar la acusación presentada contra la mandataria. "No lo hago con felicidad, incluso porque se trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política", afirmó. Cunha dijo que el juicio político es un proceso que de cualquier forma tenía que ser enfrentado por el país, que no podía aplazarse por más tiempo, y destacó que Brasil cuenta con un Congreso "soberano" para hacerse cargo.