La Fiscalía General del Estado, lista para dar una respuesta definitiva al proceso de desconexión de Cataluña
La Fiscalía General del Estado tiene un plan de actuación coordinado contra el desafío soberanista que dirige la fiscal Consuelo Madrigal, en el que se contemplan todos los posibles escenarios de réplica penal para que la respuesta sea ”instantánea, contundente y definitiva”, según fuentes jurídicas
El expresidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas (i), felicita a su sucesor, Carles Puigdemont (d), tras ser elegido nuevo presidete catalán / Alberto Estévez (EFE)
Madrid
La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia –a través de la Abogacía del Estado- y el Tribunal Constitucional tienen un plan coordinado para frenar cualquier movimiento, acto político o jurídico de carácter secesionista, que tenga repercusión en la Constitución Española, como por ejemplo, la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social o la creación de una hacienda pública propia.
La Fiscalía esperara a que se produzca ese acto político con trascendencia jurídica para iniciar su actuación bajo el amparo de la nueva ley del Tribunal Constitucional y del Código penal.
Fuentes conocedoras de esta estrategia coordinada, que cuenta con una hoja de ruta trazada desde el mes de septiembre, han explicado que se han estudiado todas las posibilidades de actuación en el ámbito penal para reaccionar ante cualquier escenario previsible, y que la respuesta contempla actuaciones individualizadas y actuaciones institucionales.
La actuación de la Fiscalía, coordinada con la abogacía del Estado, se podría dirigir en varios frentes del ámbito penal a través de la presentación de querellas criminales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de desobediencia o desacato, pero también se contempla la presentación de querellas en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión o sedición. En todo caso, la iniciativa judicial no descarta que las acciones penales se dirijan tanto contra los autores como contra los inductores o los cooperadores, en todos aquellos actos que desafíen la orden dictada por el Tribunal Constitucional que anula el proceso separatista.
“El plan está trazado pero la Fiscalía no moverá ficha en primer lugar”, según las fuentes consultadas, porque la actuación del ministerio público se producirá una vez que la abogacía del Estado denuncie ante el Constitucional, la vulneraciones que detecte y, a partir de ahí, a instancia o requerimiento del tribunal de garantías, el fiscal moverá toda su potencia acusadora.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
