¿Qué debe hacer un funcionario catalán si recibe órdenes de dudosa legalidad?

¿Qué debe hacer un funcionario de Cataluña si, por ejemplo, se le ordena poner en marcha una Seguridad Social independiente de la ya existente para toda España? En una rueda de prensa en Madrid, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a los empleados públicos un protocolo de actuación en caso de recibir un mandato de dudosa legalidad.

CSIF recomienda pedir la orden por escrito, cumplirla e informar al servicio de inspección de la consejería correspondiente y a la Fiscalía. El presidente del sindicato, Miguel Borra, explica que, según el ordenamiento jurídico, un empleado público solo puede desobedecer cuando la ordenanza no admita ningún tipo de discusión sobre su ilegalidad, "algo que es muy complicado que ocurra".

El sindicato pone a disposición de los funcionarios de Cataluña sus servicios de abogados para hacer las gestiones que se requieran porque, según Borra, "no todos los empleados tienen por qué tener conocimientos jurídicos". CSIF se ofrece, también, a pagar los salarios a los trabajadores públicos catalanes, afiliados al sindicato, en caso de que se les llegue a suspender de empleo y sueldo por circunstancias relacionadas con este asunto.