“Se está violando la directiva europea de acogida en los centros de migrantes”

Madrid

Desde la entrada en vigor de la directiva europea de acogida en julio de 2015, que incluye en su artículo 18.4 una recomendación explícita para la prevención y protección de la violencia sexual, ”Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para prevenir el acoso y los actos de violencia de género, incluida la violencia y el acoso sexuales, en locales y centros de acogida”, España sin embargo“ no la está cumpliendo ni ha puesto en marcha ningún protocolo para garantizar que se están protegiendo estos derechos” lamenta una experta jurídica que ha elaborado informes al respecto.

Desde el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales del que depende los CETI asegueran que “se desarrollan numerosos programas con el objetivo de prevenir el acoso, la violencia de género, incluida la violencia y el acoso sexuales. Estos programas se desarrollan en colaboración con las ONG Andalucía Acoge, ACCEM, CRE y CEAR”.

La Cadena SER se ha puesto en contacto también con el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que dentro de su mandato tiene el de la protección de los refugiados para conocer su opinión al respecto. Fuentes de este organismo informan que ACNUR ha trabajado con el Ministerio de empleo y seguridad social, sobre todo a raíz del aumento de presencia de refugiados entre los residentes, para mejorar las condiciones de acogida en el CETI, incluida la prevención y respuesta ante situaciones de abuso sexual y por motivos de género, recomendando la puesta en marcha de un protocolo. Después de varias misiones a Melilla, la agencia de la ONU realizó una serie de recomendaciones específicas al Gobierno de España al respecto en septiembre del año pasado. En referencia a las condiciones de ocupación de los centros públicos, en base a la directiva europea , ACNUR también señala que las limitaciones del centro y la sobreocupación que ha existido en muchas ocasiones hacen prácticamente imposible la identificación temprana y respuesta a las necesidades especiales de los refugiados, , que llegan al centro con los perfiles de vulnerabilidad propios de las personas que huyen de la guerra y la persecución.

El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, CEAR o el Defensor del Pueblo también pidieron al Gobierno español desde febrero de 2014 que se pusiera en marcha un protocolo transparente de traslados desde los CETI de Ceuta y Melilla a la península, con los criterios, plazos y sistema a seguir, que según ACNUR “ ha mejorado a lo largo de 2015”. Según estas fuentes ministeriales “el 4 de febrero de 2014 se aprobó un protocolo de traslados de los CETI a dispositivos de acogida” y en él se detallan “los criterios para proponer el traslado, teniendo en cuenta la situación de las personas y su grado de vulnerabilidad, dando prioridad a aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad atendiendo a distintos factores: mujeres o familias con menores a su cargo, enfermedad grave, posible víctima de trata, posible víctima de torturas, solicitante de protección internacional” afirman estas fuentes gubernamentales.

Un abogado que ha trabajado durante años con refugiados que pasaban por el centro de Ceuta asegura que, “hasta ahora que es absolutamente arbitrario, lo que dota de un poder casi dictatorial a los trabajadores del CETI o a su director para decidir quienes salen y por qué desde los centros hacia la península, esto se usa como arma con los refugiados y migrantes para mantenerles atemorizados” denuncia .

Una abogada de otra ONG especializada en asilo recuerda que “España no ha traspuesto la directiva, nos lo prometieron con el reglamento de la ley de extranjería y no lo ha hecho. Y de hecho el pasado mes de septiembre la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción por no haber traspuesto la directiva”. Exactamente fue el 23 de septiembre de 2015 cuando la Comisión europea publicó la lista de los procedimientos de infracción incoados por la no transposición de las Directivas de asilo por parte de Estados miembros en la que aparece España. Sin embargo desde el Ministerio responden que “la Directiva por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, se encuentra transpuesta al ordenamiento español” apuntan.

De hecho, por el momento, no existe ningún régimen sancionador oficial ni para los trabajadores del CETI ni para los residentes, lo que sitúa a estos últimos en indefensión y da una situación de poder al director y a los trabajadores.

En 2015 pasaron por el CETI de Melilla casi 9000 personas, de ellas más de 4000 hombres, 1700 mujeres y casi 3000 menores de los que la mayoría tenía menos de 13 años. Y de esas casi 9000 personas la gran mayoría eran solicitantes de asilo, sobre todo de Siria.

La llegada de sirios a la ciudad autónoma española comenzó a ser significativa en octubre de 2013, en noviembre de ese año la oficina de ACNUR en España envió su primera misión y ya desde febrero de 2014 el Gobierno español empezó a recibir recomendaciones y sugerencias tanto del ACNUR como del Defensor del Pueblo para que ofrecieran unas dignas condiciones de vida a todas estas personas que por momentos han llegado a sumar hasta 2000 residentes a la vez conviviendo en el centro.

“Ni hay prevención ni hay respuesta, no hay ningún reglamento de funcionamiento interno”

Las quejas reiteradas de organismos de derechos humanos como ACNUR o del Defensor del Pueblo sobre la falta de un reglamento que regule el funcionamiento de los CETI, al modo del que existe para los CIE (centro de internamiento de extranjeros) han empezado a ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ha creado un grupo de trabajo para elaborarlo.

Después de 18 años de funcionamiento de los centros de estancia temporal de inmigrantes tanto en Ceuta como Melilla es ahora , y sobre todo a raíz de las denuncias de los refugiados en octubre del año pasado en Melilla, cuando al fin el Gobierno ha decidido comenzar a trabajar en su regulación pero a iniciativa del ACNUR y del Defensor del Pueblo, no por iniciativa propia del Ministerio ni de la Secretaria General de Inmigración y Emigración, “cuya responsable, Marina del Corral, nunca hizo nada al respecto” denuncia una directiva de una ONG que llevan años reclamando este protocolo.

Desde el ministerio responden que “se han finalizado los trabajos de elaboración de dos Reglamentos de Régimen Interior de los CETI de Ceuta y Melilla. Los trabajos se iniciaron en el 2015. El objeto de estos Reglamentos es la regulación de las condiciones de acceso y las normas para la utilización de instalaciones y servicios de los Centros” detallan estas fuentes ministeriales a la SER.

Los CETI no tienen tampoco un juez de vigilancia y control como sí recoge la ley de extranjería para los CIE. Para intentar regular finalmente el funcionamiento de estos centros semi-abiertos se creó un grupo de trabajo para mejorar las medidas según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.