El Gobierno marroquí no deja trabajar a Amnistía Internacional en el país

Rabat

"Las autoridades restringen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo y enjuiciando a quienes expresaban críticas, hostigando a grupos de derechos humanos y dispersando protestas por la fuerza", denunció Amnistía Internacional (AI) Marruecos en su informe anual referente a Marruecos presentado esta mañana en Rabat.

La organización tenía prevista una actividad en Tánger sobre los protocolos de Estambul, en relación con la tortura, donde pretendían impartir un taller para médicos y personal sanitario, pero las autoridades no lo permitieron. "No quisieron y además no nos han dando la negación por escrito. Hace tres años que las cosas se han estancado o han vuelto para atrás en este país", denuncia Driss Haidar, presidente de la sección local de AI.

En junio las autoridades expulsaron a dos miembros de esta asociación que se encontraban de visita en Marruecos para investigar las condiciones de los inmigrantes y refugiados en la frontera con España. "El Gobierno afirmó que no habían autorizado la visita, pese a haber informado previamente a AI de que no se requería autorización alguna", explican desde la organización.

Las expulsiones ocurrían poco después de que AI denunciara con un informe las torturas y malos tratos en las cárceles y comisarías en Marruecos y en el Sáhara Occidental. Documentaron 173 casos entre 2010 y 2014, y no gustó al Gobierno marroquí, que desde entonces sigue de cerca las actividades de la organización internacional.

"El tema de la tortura es sensible para Marruecos. El rey reconoció que había tortura, pero aislada, aunque al principio decían que no había. Cambiaron las cosas, aunque poco, cuando el monarca lo reconoció. El ministro de Justica ha lanzado una circular donde prohíbe la tortura a los prisioneros, el director general de la seguridad nacional ha hecho un escrito en el mismo sentido y hay algunas sentencias que se han anulado porque había tortura. Es decir que hay un avance pero lento", aseguró Haidar a los medios españoles después de la rueda de prensa.

Las autoridades continúan prohibiendo el registro legal de varias organizaciones de derechos humanos. Un miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) explicaba a la SER, que un día tenían que dar una charla en un hotel pero les habían cortado la luz y no pudieron llevar a cabo las actividades programadas. Esto sucedió en varias ocasiones durante 2015. Al concluir el año, 41 de las 97 ramas locales de esta asociación, el mayor grupo de derechos humanos de Marruecos, continuaban sin estar registradas y en situación jurídica incierta, porque los funcionarios locales se negaban a aceptar sus solicitudes de registro o a emitir resguardos de su presentación.

"El gobierno marroquí dice que estas organizaciones no son justas, no son objetivas, trabajan sobre agendas políticas. Y que no reconocemos que hacen lo posible y que es el país más democrático y con mayor libertad de la zona. Pero en la realidad las cosas no avanzan. Por ejemplo por qué prohíben las actividades de Amnistía, una actividad relacionada con la educación, y sin argumento ni escrito", se cuestionó Haidar.

Las autoridades hostigan a las asociaciones que critican al Gobierno en materia de derechos humanos y les impiden organizar reuniones internas y actos públicos con "advertencias verbales informales o utilizando a las fuerzas de seguridad para bloquear el acceso a los lugares donde se celebran", denuncian también desde AI.

Otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) han pedido a Marruecos que deje de obstaculizar las actividades de las organizaciones de derechos humanos y se les permita actuar con libertad. El ministro de Justicia, Mustapha Ramid, en su viaje a Londres se encontró con el secretario general de AI y le ha invitado a Marruecos, donde la sección en el país le espera para que responda a las críticas y preocupaciones locales.