El Gobierno alega en su informe que si el Congreso le controla será un "fraude de Constitución"
Sostiene que sólo los tribunales, con criterios jurídicos, pueden valorar si se excede como Ejecutivo en funciones
Momento de las votaciones durante del debate de investidura / JAVIER LIZÓN. (EFE)
Madrid
El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados un texto de cuatro páginas con las razones por las que rechaza que ningún miembro del Ejecutivo, que está en funciones, se someta al control de las Cortes. El texto, que contradice un informe previo de los letrados de la Cámara, asegura que si este parlamento fiscalizara a un Gabinete que no tiene su confianza se llegaría a cometer "fraude de Constitución" y atribuye únicamente "al Poder Judicial" la capacidad de valorar si el Gobierno se excede en sus funciones durante la etapa en que ha cesado y se mantiene, como ahora, de forma interina.
El documento, elaborado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y al que ha tenido acceso esta redacción, sostiene que "el control parlamentario a un gobierno cesado podría constituir un 'fraude de Constitución", porque "mediante los instrumentos previstos en el Título V para un Gobierno que tiene plena confianza de la Cámara, los diputados y grupos parlamentarios elegidos en un nuevo Congreso persiguen controlar a una mayoría que había obtenido su mandato en unas elecciones anteriores". El argumento, en esencia, es que el Congreso da su confianza a un Gobierno a través de la investidura, que este Ejecutivo tenía la confianza de unas Cortes que fueron disueltas y que si los ministros no tienen la confianza de las Cortes, las Cortes no pueden exigirles responsabilidades.
Todos los partidos, salvo el PP, entienden todo lo contrario y se escandalizan de que Rajoy evite las preguntas y las comparecencias que reclama una Cámara recién salida de las urnas. Se apoyan en un informe de los letrados del Congreso que asegura que en aquellas decisiones que el Gobierno tome en funciones sí debe estar sometido a control. Así lo pedirán de hecho el martes próximo en la Junta de Portavoces, para cuando todos los grupos menos el PP reclamarán un pleno con sesión de control incluida. El Gobierno, sin embargo, se negará a comparecer, como ya ha hecho con la propuesta de varios grupos de que el presidente en funciones consensúe en las Cortes la posición que adoptará España en la cumbre europea que decidirá sobre la deportación de refugiados a Turquía.
El Ejecutivo sostiene en su informe que sólo los tribunales pueden determinar, y con criterios únicamente jurídicos, si está excediéndose en las atribuciones que tiene un Gobierno en funciones. Por una parte, se justifica, en la actualidad sólo puede tramitar "asuntos de despacho ordinario", que son las decisiones que sigue tomando los viernes en los Consejos de Ministros y que, para el Gobierno, no deben someterse a control porque "no implican directriz u orientación política alguna".
"En cuanto a las actuaciones que no se limiten a las del despacho ordinario -sigue el texto del Gobierno- pero que la ley autoriza, como casos de urgencia o por razones de interés general, (...) será valorada, en caso de discrepancia, por el Poder Judicial, con objeto de determinar si ha habido exceso en la actuación del Gobierno en funciones, de acuerdo con criterios estrictamente jurídicos". El Ejecutivo ha invitado a los grupos a acudir a los tribunales si creen, como creen, que los miembros del Gabinete tienen que rendir cuentas en la Cámara.
