El empresario Enrique Ortiz confiesa la financiación ilegal del PP de Valencia

Los abogados del constructor admiten íntegramente las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE en su escrito de defensa que han entregado en la Audiencia Nacional

Enrique Ortiz, increpado a la entrada del juicio por el caso "Hansa Urbana" /

El constructor, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, ha reconocido los hechos. Se trata del primer gran empresario que, siete años después de que estallará el caso Gürtel, en febrero de 2009, admite los delitos que implican al PP en prácticas corruptas.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión. El juez sostiene que los empresarios pagaron actos electorales a Orange Market, la empresa que tenía en exclusiva los actos de campaña de los populares. Pagos que se camuflaban con facturas falsas por servicios no prestados.

Los escritos de acusación sostienen que "con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular". Una parte en efectivo y otra a través de los empresarios que se van a sentar en el banquillo. En ambos casos, añaden, "tales pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad". Los pagos de los empresarios, concluyen, "infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas". Además, "no podían hacer donaciones por tener contrato con administraciones públicas y por ello se materializaron por supuestos servicios a Orange Market que realmente no se habían producido". En el caso de este empresario confeso, las pesquisas han acreditado que pagó 348.000 euros al PPCV para la campaña de las elecciones generales de 2008.

CADENA SER

Enrique Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en Valencia en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

Beviá sigue sus pasos

El lugarteniente de Ortiz en Valencia, José Francisco Beviá, ha presentado un escrito idéntico al de su jefe. El fiscal pide para Beviá tres años de cárcel que el empresario solicita que se rebajen también a 15 meses por la "confesión tardía de los hechos". Una condena que quiere sustituir por el pago de la correspondiente multa, aunque de no acordarse esta petición, reclama que la pena privativa de libertad no se ejecute. 

LAS CLAVES

Acusados: El juicio sienta en el banquillo a la dirección regional de Francisco Camps en Valencia. Él exvicepresidente, Vicente Rambla; el que fuera secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa; la gerente, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de organización, David Serra y la antigua tesorera, Yolanda García. Junto a ellos Díez empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Ramón Blanco y Cándido Herrero.

Penas: Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel, en el caso de Francisco Correa y sus lugartenientes. Hasta ocho años de prisión para los cargos públicos y entre dos y seis años de reclusión para los empresarios. Las fianzas impuestas suman 35 millones de euros.

Delitos: La investigación atribuye a los acusados delitos electorales, de fraude fiscal y falsedad documental.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?