La APM condena la petición de cárcel de la Fiscalía para dos periodistas
El ministerio público solicita dos años y seis meses de cárcel para dos periodistas del ABC por revelar una conversación bajo secreto de sumario
Madrid
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha respaldado en un comunicado a dos profesionales del diario Abc, los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, contra los que el ministerio público pide dos años y seis meses de prisión por un supuesto delito de revelación de secretos. El escrito de acusación del fiscal pide además veinte meses de multa con una cuota de 50 euros diarios.
El pasado 11 de julio de 2014, el diario publicó el contenido de una conversación telefónica en la que dos investigados de la mafia napolitana, en el marco de la operación Tarantela, hacían referencia al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Tras la publicación, el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instó una investigación para averiguar el origen de la filtración. Una causa que acabó en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid cuya titular, la magistrada Mónica Aguirre, acaba de acordar la apertura de juicio oral contra los periodistas en base al escrito de acusación del fiscal de Madrid, J. Salto.
En un comunicado, la APM respalda la labor de los periodistas al entender que se ajusta a la doctrina que viene marcando el Tribunal Constitucional en los casos de conflicto entre el derecho a la información y la libertad de expresión y los procedimientos judiciales, tengan o no secreto de sumario. "Dicha doctrina hace prevalecer tales derechos cuando la información ha sido obtenida rectamente, es veraz, ha sido contrastada y es de interés general" recuerda la APM y "rechaza rotundamente que los dos periodistas hayan incurrido en un delito de revelación". La asociación subraya que los periodistas "tienen la obligación profesional y también moral" de dar a conocer informaciones veraces y proteger a las fuentes.
Fuentes del juzgado Número 4 de la Audiencia Nacional aseguran a la Cadena SER que la investigación en origen pretendía esclarecer la procedencia de la filtración del documento judicial, no el hecho de que los periodistas utilizaran su contenido. El fiscal anticorrupción José Grinda se encargaba entonces de la investigación de este caso.
