Anticorrupción propone juzgar al Partido Popular por “beneficiarse” de la trama Gürtel de Boadilla del Monte

Madrid

La fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional para que abra una Pieza Separada del caso Gürtel y, en ella, inicie el camino para el juicio oral contra 27 investigados responsables del municipio madrileño de Boadilla del Monte, entre ellos, el exsecretario del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo; al exdiputado popular, Alfonso Bosch Tejedor; el exalcalde Arturo González Panero, o al exconcejal José Galeote Rodríguez.

Según la fiscalía anticorrupción los hechos se habrían cometido por el grupo liderado por Francisco Correa con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos del municipio, durante los años 2001 a 2009. Pero, también, el PP habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198,64 euros.Por eso la fiscalía solicita que se dirija el procedimiento contra el PP como partícipe a título lucrativo.

Correa, según el relato del fiscal, iría incorporando sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión. Hasta el punto de dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio de Boadilla del Monte, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los concretos expedientes.

El entramado habría llegado a Especialmente, en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que, consecuentemente, trasferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

El entramado personal estaría integrado por: Pablo Crespo Sabarís de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.

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Ese grupo habría favorecido la contratación de las siguientes personas y sociedades:

1. la entidad SUFI SA, gestionada por Rafael Naranjo Anegón con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga;
2. sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins;
3. la mercantil UFC SA, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana;
4. la entidad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA), gestionada por José Luis Martínez Parra;
5. la entidad ARTAS CONSULTORÍA SA, tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa;
6. las sociedades de eventos vinculadas a Francisco Correa.

Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 euros ; en el de Pablo Crespo a 593.000 euros; en el de José Galeote a 557.609,9 euros; en el de Arturo González Panero a 1.800.000 euros;en el de Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 €y en el de Alfonso Bosch a 941.652 euros.

Paraísos fiscales en Panamá

Una parte de los fondos percibidos por Tomás Martín Morales, Arturo González Panero y Pablo Crespo Sabarís se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

La cuenta que habría utilizado Pablo Crespo Sabarís, a nombre de MALL BUSINESS SA se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1.557.227 € (a junio de 2012).

Una de las cuentas utilizadas por Arturo González Panero, a nombre de la entidad LONGRIDGE INTERNATIONAL SA, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 € (a 31.12.2015).

Pérdidas de 5 millones

Por los referidos hechos, se habría ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de, al menos, 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad ARTAS CONSULTORÍA SA y de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Francisco Correa y que estaría destinado al PARTIDO POPULAR y a Alfonso Bosch.