Cerco a los grandes financiadores del PP de Francisco Camps
La Cadena SER accede a decenas de contratos amañados de José Adolfo Vedri, uno de los 13 empresarios sospechosos de financiar de forma ilegal al PP de Valencia
Las cifras duplican a la Gürtel, icono de la corrupción en la región
La maraña empresarial de Vedri obtuvo adjudicaciones por más de 30 millones de varias administraciones controladas por el PP en la comunidad
A cambio, un porcentaje de cada concesión acababa en las cajas b del partido
Madrid
El empresario José Adolfo Vedri, detenido por la trama de financiación ilegal del PP en Valencia, obtuvo adjudicaciones amañadas de 11 consejerías del gobierno valenciano, empresas públicas dependientes de la Generalitat, las diputaciones de Valencia y Alicante y el Ayuntamiento de la capital del Turia por encima de los 30 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. Las cifras superan con mucho a la Gürtel en Valencia, que logró alrededor de 16 millones de euros.
Vedri, a través de su empresa de cabecera dedicada a la comunicación, Engloba, y sus 14 filiales, comienza a contratar con el Gobierno valenciano en 1999, en época de Eduardo Zaplana, pero el grueso de las adjudicaciones irregulares se produce durante el mandato de Francisco Camps, a partir de 2003.
El juzgado de Valencia que investiga el caso, y mantiene esta pieza bajo secreto, cree que José Adolfo Vedri actuaba como financiador del PP de Valencia, que también presidía Camps.
Las administraciones gobernadas por el Partido Popular le concedían los contratos en concursos amañados y a cambio él pagaba una mordida al partido que solía ser del 3% de cada concesión, aunque también podía exceder ese porcentaje.
Las pruebas son abrumadoras. La Cadena SER ha tenido acceso a decenas de contratos firmados por las empresas de Vedri con la Generalitat de Francisco Camps que prueban cómo apañaban las adjudicaciones.
La mayoría son contrataciones por el procedimiento negociado sin publicidad, en las que el Consell invitaba a tres empresas. Las tres sociedades eran siempre de José Adolfo Vedri. Otro de los métodos empleados para evitar el concurso público era el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo.
Se da la circunstancia de que en muchos casos se utilizaba este sistema para campañas de publicidad que eran previsibles desde hacía meses por lo que no era necesaria urgencia alguna, como la campaña de la gripe de 2010, concedida a Vedri por 731.555,54 euros; o campañas de prevención de incendios o publicidad del Servicio Valenciano de Empleo de entre 780.000 y 900.000 euros.
El PP de Valencia actuó durante años como una "organización criminal", según los investigadores. La trama, en la que destacaban Alfonso Rus, Máximo Caturla, Gerardo Camps, y Francisco Camps, como principal "recaudador y nexo con la caja negra de Génova", según fuentes del caso —un extremo que el expresidente del Consell ha negado a la SER—, disponía de hasta cinco cajas b, que se nutrían con el dinero de empresarios que a cambio lograban adjudicaciones públicas. En la causa que investiga el juzgado número 18 de Valencia hay ya más de 60 imputados por delitos de cohecho, blanqueo y malversación entre otros.