Anticorrupción pide sentar en el banquillo a 34 acusados del 'caso Brugal'

Son 34 acusados del caso Brugal, entre ellos el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), varios concejales y el empresario Ángel Fenoll, contra quienes la Fiscalía imputa hasta diez tipos de delitos, negociaciones prohibidas, cohecho, fraude, tráfico de influencias, asociación ilícita, delito electoral y extorsiones.

En su escrito de calificación, Anticorrupción solicita la apertura de juicio oral y acusa al exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, de favorecer al empresario y principal investigado Ángel Fenoll. Medina habría recibido "unos 7 millones de las antigüas pesetas a finales del año 2000 a través de otro concejal". Según el ministerio público, Ángel Fenoll, se habría granjeado una red de colaboradores, políticos y funcionarios dentro del Ayuntamiento de Orihuela a cambio de favores, primero paralizar el concurso de recogida de basuras en beneficio propio y hacerse con otros contratos públicos.

La petición del fiscal Pablo Romero señala a una treintena de responsables de un contrato irregular después de que fuese adjudicado a Urbaser y después anulado para dárselo a una UTE controlada por Fenoll. Fue el propio empresario el que destapó la adjudicación amañada del servicio de basuras. La polémica adjudicación supuso la suspensión del exalcalde José Manuel Medina y dejó al frente del ayuntamiento a Mónica Lorente, alcaldesa que habría favorecido que acabase en manos de la UTE pilotada por Fenoll a través de testaferros, según la fiscalía.

Además Fenoll habría financiado irregularmente la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2007 a favor del PP de Orihuerla. Los populares ganaron por mayoría absoluta y le pagaron 1,9 millones de euros "por el apoyo en las elecciones de mayo".

La Fiscalía pide penas que suman los 37 años de cárcel para el empresario Ángel Fenoll y 12 y 8 años de prisión respectivamente para los que fueran alcaldes del municipio, José Manuel Medina y Mónica Lorente. Además fija penas de inhabilitación para la mayoría e indemnizaciones por un total de 6 millones de euros a los responsables del pago de facturas a las empresas de Fenoll, Colsur y Proambiente.