Caso Imelsa: nóminas infladas y contratos de discapacitados falsificados

Madrid

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado a la segunda pieza separada del caso Taula, al que ha tenido acceso la cadena SER, deja claro que la empresa pública Imelsa dependiente de la Diputación de Valencia cometió continuas irregularidades que iban desde contrataciones arbitrarias a dedo movidas como "favores políticos" hasta indemnizaciones máximas por despidos improcedentes pactados hasta con 8 personas. Uno de los que cobró un finiquito exagerado fue el que fue secretario general de UGT en Imelsa, Honorio Estornell, que cobró 37.607 euros por estar dado solo un día de alta que además era festivo, el 1 de enero del 2008.

Se puede concluir, dice el informe de la UCO, "que la contratación de personal en la sociedad Imelsa habría estado caracterizada por continuas irregularidades que van desde no seguir los procedimientos internos de contratación establecidos en la empresa, contratación "a dedo", hasta realizar las distintas contrataciones en función de favores, pasando por favorecer al personal despedido mediante el pago de la cuantía máxima en concepto de indemnización por despido". Las distintas contrataciones responden a peticiones particulares interesadas y de todas estas conductas la más grave la constituiría el pago de las nóminas recogidas en el Modelo 190 de la AEAT, a personas que constan en la Seguridas Social como dados de alta, pero que según dice Marcos Benavent, director gerente de Imelsa, no realizan ningún tipo de trabajo en la empresa pública".

El informe de la UCO incorpora la declaración policial de Marcos Benavent que asegura que durante los siete años que trabajó en Imelsa contrató a "entre doscientas y trescientas personas, que la mayoría de los asesores no hacían nada y que ni siquiera iban por la allí y que todos los trabajadores de la empresa pública eran enchufados". Esta declaración se corrobora con varios testimonios incorporados al sumario del caso como el del empresario "arrepentido"

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Jose Estarlich Estela, administrador de la sociedad Spartaky Sinergias SL, quien reconoce entre otras cosas "Que ha estado en Imelsa, con nómina, unos tres meses, antes de entrar de Administrador mientras se hacía el papeleo para el nombramiento y que no hacía ningún trabajo".

Otro de los puntos claves de este informe de la Guardia Civil, elaborado el pasado mes de enero y que cierra varios años de investigación son los correos de trabajadores de Imelsa, del área de recursos humanos, que revelan como se inflaban el número de nóminas para completar la partida de gasto. Hay un correo muy revelador enviado el 29 de julio del año 2010 por la que fue directora de gestión de personas y formación de Imelsa a Salvador Blanco Cots, responsable del departamento de formación que dice lo siguiente: "Salva, te remito las nóminas para la justificación del FPE, si hace falta más nóminas dímelo y por favor intenta que las vea el menor número de personas posible y no se queden en sitios visibles de las mesas".

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Entre los correos que aparecen como prueba de falsificación de contratos aparecen varios que se firmaron como de discapacitados para llegar al 2% del total de empleados de Imelsa. Son emails del 13 y 14 de abril en los que la responsable del área de gestión de personas y conocimiento, Rosana Herrero Marín, contesta a la entonces directora de gestión de personas y formación: "Ya llegamos al 2, Isabel tenía uno que nosotros no, si te incluyo a ti, tenemos el 2%. 787 trabajadores y 16 minusválidos".

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