Mónica: "La indemnización no compensa el destrozo en mi vida del error judicial"

Madrid

El Tribunal Supremo concedió esta semana una indemnización de 60.000 euros a una mujer, víctima de la violencia machista, que pasó 18 meses en la cárcel por un delito que no cometió: el homicidio de su marido. La Cadena Ser ha hablado con ella. Siente que ese dinero no compensa el gran dolor que ha sufrido: la separación de sus hijas, la pérdida del trabajo, del permiso de residencia y la caída en una profunda depresión.

Hace ocho años a Mónica le cambió la vida de golpe. Esta mujer boliviana se vio metida en la cárcel de la noche a la mañana. Fue acusada de haber matado a su marido. Era inocente y nadie le creyó. "Perdí mi trabajo, perdí el permiso de residencia, perdí a mis hijas, perdí mi vida de un día para otro, es muy doloroso que se destroce tu vida y lo pierdas todo sin haber hecho nada" relata una emocionada Mónica a la Cadena Ser.

Los hechos ocurrieron en 2008. Mónica estuvo año y medio en prisión preventiva hasta que en 2010 la Audiencia Provincial de Madrid, en un juicio con jurado popular, la absolvió. El tribunal sentenció que no existió ningún homicidio porque después de golpearla "el marido se clavó accidentalmente el cuchillo de cocina durante el forcejeo que ambos mantuvieron".

Su marido era un "maltratador de libro" como quedó acreditado en el juicio. Mónica cuenta que llevaba trece años sufriendo maltrato, desde el principio. Y lo había denunciado en su país de origen, en Bolivia. Viviendo ya en España "la policía vino varias veces a mi casa, y decía que era una riña de familia, que no podíamos hacerle perder el tiempo porque era una pelea de pareja. Yo temía por mi vida. Una vez le dije a una policía que mi marido me iba a matar y la mujer se rio y me respondió que exageraba".

El Tribunal Superior de Justicia ratificó la absolución y rechazó el recurso de la Fiscalía que la acusaba del homicidio. La acusación particular lo calificaba de asesinato. "En la cárcel sentía una gran impotencia, no era justo, ¿por qué no investigaron? ¿por qué no me preguntaron? La justicia tenía que darse prisa, no ser tan lenta. Estuve 18 meses en prisión y luego llega el juicio y me dicen que yo tenía razón, que era inocente". Mónica añade que se pasa muy mal, que el sufrimiento es muy grande y destaca que se ha sentido maltratada por la justicia.

Mónica tuvo posteriormente que pelear y batallar por la indemnización. La Audiencia Nacional se la denegó. Y ahora le llega cinco años después. El Tribunal Supremo, en una sentencia firmada por cierto por Margarita Robles entre otros magistrados, corrige a la Audiencia Nacional. Le acaba de conceder 60.000 euros. "Es una indemnización baja y no compensa el estropicio que el error judicial me ha causado, a mí y a mis hijas".

Entonces las tres niñas eran menores. Tenían 4, 9 y 12 años y se quedaron de repente sin madre y sin padre. Fueron ingresadas en un centro de menores de la Comunidad de Madrid. Mónica recuerda que las niñas no entendían nada, no comprendían por qué su madre estaba en prisión y alejada de ellas. "Para ellas ha sido muy fuerte, y ahora recién me lo plantean, lo que más sufrieron es que yo no estaba con ellas en esos momentos tan duros, me dicen que no entendían por qué yo estaba ausente".

A las cuatro les ha costado mucho rehacer su vida y lo están logrando porque todo el dolor les ha unido más que nunca. Mónica tiene trabajo y sus hijas estudian. Y ahora la gente más allegada le dice que es una "buena madre, que he luchado, que estoy sacando adelante a las niñas, que lo estoy haciendo bien, me dicen que buenas niñas son y que bien las he educado".

La indemnización en este caso es excepcional. La jurisprudencia del Tribunal Supremo rechaza resarcir económicamente las prisiones preventivas aunque el acusado resulte absuelto por falta de pruebas o se demuestre que es inocente. Solo se concede cuando no existe el delito como en el asunto de Mónica. Su abogada Ángela Alemany denuncia esta desigualdad y discriminación. "No puede haber ciudadanos absueltos de primera y absueltos de segunda, y por lo tanto se tiene que dar el mismo tratamiento, el Tribunal Supremo hace una interpretación restrictiva y dice que solo se concede indemnización cuando no exista el hecho imputado objetivo". Alemany recuerda que hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente la del asunto Tendam de 2010, que condena a España por no reparar le daño provocado a ciudadanos que han estado en prisión y después la sentencia es absolutoria. Sorprendentemente aquí los jueces hacen otra interpretación. Ángela Alemany pide un cambio de la jurisprudencia o de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial para acabar con esta discriminación que esta haciendo la justicia española con las indemnizaciones de la prisión preventiva.