La Guardia Civil atribuye al presidente de Murcia "fraude en contratos públicos"
Como avanzó la SER, concluye en su informe que Pedro Antonio Sánchez contrató a la Púnica con dinero público y amparándose en conceptos ficticios para que llevara su imagen en las redes sociales, y propone al juzgado la citación como investigados
Fotografía de archivo del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez / Marcial Guillén (EFE)
Madrid
La UCO es muy clara en su informe. Pedro Antonio Sánchez utilizó los servicios del conseguidor Alejandro de Pedro para que limpiase su imagen en las redes sociales ante la entrada de otro candidato en disputa en el PP para la presidencia de la Comunidad, Juan Carlos Ruiz López.
El informe de la UCO
El informe de la UCO
Los agentes concluyen que los trabajos reputacionales iban a ser facturados con dinero público bajo conceptos ficticios relacionados con la formación por un importe total de 32.200 euros, e incluyeron también los trabajos de imagen en redes de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recaba en su informe documentos de las empresas de Alejandro de Pedro, Madiva y Eico, llamadas telefónicas entre los cabecillas de la trama, mensajes de móvil y correos electrónicos que demuestran el interés de Pedro Antonio Sánchez porque el conseguidor mejorase su imagen en las redes, e incluso reuniones mantenidas entre el hoy presidente murciano y Alejandro de Pedro. Los agentes corroboran que PAS - como es conocido en Murcia el presidente -, alcanzó un acuerdo el 24 de octubre de 2014 para que la trama mejorase su reputación en internet, a razón de 4.600 euros mensuales entre ese mes de noviembre y mayo de 2015, cuando tuvieron lugar las elecciones en las que se proclamó presidente con el apoyo de Ciudadanos.
Sin embargo, el contrato no llegó a materializarse porque la trama fue desarticulada el 27 de octubre de 2014. No obstante, para la Guardia Civil existe de igual modo el fraude cometido por el presidente murciano, porque llegó a acordarse el concierto para la adjudicación del contrato público oculto en la consejería de Educación bajo el epígrafe "formación".
En su informe (adjunto a la derecha), los agentes concluyen que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, habría incurrido en un delito de fraude en materia de contratación pública, mientras que la exsenadora Barreiro, cometió delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
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