El excomisario de Asuntos Internos pide imputar al 'número uno' de la Policía y a media docena de periodistas

Madrid

Guerra de comisarios en las “cloacas del Estado” por el caso del pequeño Nicolás. El excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y un inspector de Policía, integrantes de la comisión judicial encargada de investigar una grabación ilegal vinculada al caso, ha solicitado al juez que lleva el caso Nicolay la imputación y el registro del domicilio del número uno de la Policía, Eugenio Pino, y de 12 personas más, entre ellas cinco periodistas.

Esta petición se enmarca dentro de un informe policial presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, firmado por Martín-Blas y correspondiente a la investigación abierta en una pieza separada sobre la "grabación ilegal" de una reunión secreta mantenida entre dos policías de Asuntos Internos de la Policía Nacional y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia.

En la grabación se puede escuchar cómo los agentes policiales y los miembros del CNI deciden prorrogar la intervención de las comunicaciones telefónicas del pequeño Nicolás pese a que carecen de autorización judicial para hacerlo. En la conversación, que fue difundida a través de varios medios de comunicación, se puede escuchar cómo uno de los policías afirma que es necesario "lavar" las pruebas del caso. Los policías grabados sostienen que nunca afirmaron tal cosa sino que son víctimas de una manipulación de esa conversación.

Marcelino Martin-Blas y el inspector encargado de investigar el origen de la grabación ilegal denuncian en su informe remitido al juez que la conversación que mantuvieron con el CNI en una reunión secreta fue grabada por un periodista cercano al comisario José Manuel Villarejo, dependiente de la Dirección Adjunta de la Policía. También, que la grabación ilegal se hizo a través de un sistema que permite monitorizar un terminal telefónico con una llamada que se realiza sin que el usuario se dé cuenta. Para ello, presentan un informe del Centro Criptológico Nacional del CNI que asegura que el modelo concreto de teléfono, un iPhone 4, presenta "vulnerabilidades críticas que permiten control total y remoto y cualquier acción sobre el dispositivo".

Para monitorizar el móvil es necesario previamente utilizar un software en el terminal telefónico, con lo cual es necesario tener acceso a dicho terminal. Martín-Blas sostiene que hace dos años dejó su teléfono móvil en manos de la Dirección General de la Policía, que se lo había pedido para instalarle actualizaciones.

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¿Quién denuncia los hechos?

El comisario que ha investigado esta grabación ilegal por encargo del juez y que solicita la imputación del máximo jefe policial y de media docena de periodistas fue apartado hace más de un año de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional por "falta de confianza". Pese a que estaba salpicado directamente por el caso porque se trata de una de las cinco personas que mantuvo la reunión secreta que fue grabada, el juez le encargó esta investigación.

En el informe que firma junto a otro inspector se manifiesta en términos muy duros contra la cúpula policial, a la que acusa de obstaculizar la investigación, de filtrar informaciones interesadas a periodistas sobre asuntos confidenciales e incluso pone como ejemplo que "la cúpula policial filtró el conocido informe PISA sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos para manipular a la opinión pública".

El fiscal rechaza las medidas propuestas por el excomisario de Asuntos Internos contra los periodistas y los jefes policiales

El informe policial del excomisario de Asuntos Internos llegó a la mesa del juez el pasado 20 de mayo. El fiscal encargado del caso ha remitido un escrito en el que se opone a la mayor parte de las medidas solicitadas por los investigadores. Tan solo acepta que se cite como investigado a un periodista amigo del agente encubierto Villarejo, al que se atribuye la grabación ilegal.

Sin embargo, el fiscal rechaza que se impute y se registren las viviendas del máximo jefe policial, del propio Villarejo y de otros cinco periodistas que informaron sobre estos hechos.