Turquía suspende a 15.000 funcionarios del Ministerio de Educación
Educación ha pedido la dimisión de 1.557 docentes de todas las universidades del país
Son ya 27.000 los funcionarios que han sido apartados de sus puestos
Madrid
La purga que comenzaba tras el fallido golpe de Estado en Turquía el pasado viernes ha afectado principalmente a las personas que el Gobierno turco considera afines a Fethullah Gülen, acusado de dirigir la asonada. Sin embargo, Erdogan ha continuado este martes en distintos órganos y administraciones públicas.
En primer lugar, la Organización Nacional de Inteligencia ha suspendido a un centenar de trabajadores, la mayoría de los cuales no eran agentes en activo, bajo la sospecha de que estarían vinculados con la intentona, según un alto cargo turco. Así como 257 trabajadores de la oficina del primer ministro, que también han sido apartados de su cargo por este mismo motivo.
Por otra parte, el Ministerio de Educación ha suspendido a 15.200 funcionarios. La razón recae en la sospecha de su vinculación con Gülen. "Nuestro Ministerio ha llevado a cabo un trabajo respecto a los empleados públicos que estén vinculados a las redes gülenistas", se señala en el comunicado.
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"A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", explica la nota.
El número de funcionarios suspendidos en Educación se añade a los 8.777 que fueron apartados del servicio por el Ministerio de Interior ayer, y más de 2.500 en otros ministerios.
Se pide la dimisión de todos los decanos universitarios
El Consejo Supremo de Educación ha pedido ya la dimisión de 1.557 docentes de todas las universidades del país, tanto públicas como privadas. Del total de decanos, 1.176 lo son de universidades públicas y 401 de instituciones universitarias privadas, según CNN Türk.
Tras la petición, al menos 19 decanos de la Universidad Akdeniz en Antalya han presentado ya su renuncia, informó CNNTürk.
En total, son ya 27.000 los funcionarios que han sido apartados de sus puestos y son miles los detenidos tras la asonada, entre ellos policías, militares y jueces.