Villegas (C's): "Hay que distinguir entre prevaricación y corrupción política"
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas considera que el caso del diputado del PP por Castellón, Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó "no es un episodio de corrupción política"
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Madrid
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho hoy que "hay que distinguir" entre corrupción política y prevaricación, ya que esta última, "aunque sea reprobable e ilícita", no siempre implica la corrupción política, y por ello, las negociaciones con el PP tratan de definir esos dos conceptos.
Considera que el caso del diputado del PP por Castellón, Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó (Castellón), no es un episodio de corrupción política". "Con la información que tengo a día de hoy no es caso de corrupción política porque no hay ni enriquecimiento ni está ligado a una trama de financiación ilegal de partidos políticos. Si tuviéramos datos que hicieran cambiar esta opinión, pediríamos que se apartara porque consideramos que el pacto está vigente desde el momento de su firma".
Regeneración democrática
Villegas ha insistido en que el pacto anticorrupción entre los dos partidos ya fue firmado el viernes, por lo que es de aplicación, y ha sugerido que podría suscribirse un pacto nacional contra la corrupción y que las ejecutivas nacionales de los partidos refrendarán esos compromisos.
Villegas ha indicado que hace unos años tanto el PP como el PSOE "no aceptaban apartar" a los imputados de las instituciones o de sus listas y ahora los socialistas si lo hacen, lo que ha atribuido a Ciudadanos. A su juicio, que los partidos se adhirieran a ese pacto nacional contra la corrupción "daría confianza a los ciudadanos" y "se sacaría de la lucha política".
El vicesecretario general de Ciudadanos ha precisado que a quienes Ciudadanos quiere apartar de sus cargos institucionales son a los que se han enriquecido ilícitamente o han participado en una trama de financiación ilegal de partidos políticos, y eso es lo que han exigido también en sus respectivas negociaciones de investidura con los gobiernos de Murcia, Andalucía o Madrid.
