Las claves económicas del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos
El pacto entre PP y Ciudadanos se abre con el bloque económico, y dentro de él, con el compromiso total con la estabilidad presupuestaria que exige Europa
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. / Sergio Barrenechea (EFE)
Madrid
El pacto entre PP y Ciudadanos se abre con el bloque económico, y dentro de él, con el compromiso total con la estabilidad presupuestaria que exige Europa. Así, los firmantes se ponen como prioridad elaborar un Presupuesto para 2017 en los plazos previstos por las leyes. Eso sí, sin subir el IRPF: de hecho, el texto asegura que, cuando se cumpla con el objetivo del 3% de déficit (no antes de 2017, según las previsiones del Gobierno), el impuesto sobre la renta “se bajará dos puntos”. “Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF”, asegura.
En materia de mercado de trabajo se propone sustituir el contrato temporal por un contrato “causal y con indemnización creciente” (12 días el primer año, 16 el segundo y 20 el tercero); se llamaría “contrato de protección creciente”, y tendría una duración máxima de tres años con incentivos para convertirlo en indefinido (en el en el acuerdo PSOE-C’s del pasado mes de febrero había una idea muy similar, el llamado “contrato estable y progresivo”, con un máximo de dos años de duración y también con indemnización creciente e incentivos para su conversión).
También se incorporan a este acuerdo la idea de la llamada ‘mochila austriaca’ (una fórmula de protección social consistente en que parte del salario del trabajador va a una especie de fondo personal del que saldría un complemento a su indemnización en caso de ser despedido), y un sistema de bonus/malus: las empresas que despidan mucho y tengan muchos trabajadores temporales pagarían más a la Seguridad Social, mientras que las que contraten indefinidos se verán bonificadas. Mochila y bonus/malus son ideas que estaban también recogidas en el acuerdo PSOE-Ciudadanos.
Para los trabajadores en situación de más necesidad, los firmantes plantean un ‘Complemento Salarial Garantizado’, en forma de “impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas”. Los únicos detalles adicionales que han dado los partidos son la estimación de su coste (1.300 millones el primer año de su aplicación, 2.100 millones los siguientes) y el número de hogares a los que alcanzaría la medida, que según Albert Rivera serían dos millones. Así, estaríamos hablando de unos mil euros de ahorro de IRPF al año para cada hogar que pudiera beneficiarse de esta medida.
El acuerdo PP-Ciudadanos incluye también la revisión de dos programas auspiciados por el ministerio de Empleo que no han cumplido sus objetivos: El Programa de Activación Para el Empleo (para parados en situación de más necesidad) y la Garantía Juvenil (para favorecer la colocación de jóvenes). En el primer caso, se habla de ampliar su alcance para “aumentar el grado de cobertura de los parados de larga duración” (los sindicatos siempre han criticado que las ayudas de este programa llegaban a muy pocas personas). En el caso de la Garantía Juvenil, se propone “mejorar los registros” e implicar más a las Comunidades Autónomas en un plan que no está contribuyendo a acabar con el paro entre los más jóvenes.
Los autónomos ocupan un papel importante en el documento. PP y Ciudadanos se comprometen a crear una subcomisión parlamentaria para reformar su régimen de cotización a la Seguridad Social, con el objetivo, entre otros, de que los autónomos que tengan ingresos inferiores al Salario Mínimo no tengan que cotizar; entre tanto, anuncian que en el primer mes de un futuro Gobierno se aprobarían una serie de medidas urgentes a favor de este colectivo, como ampliar la cuota reducida de 50 euros al mes para los nuevos autónomos a un año (actualmente, son seis meses) o permitirles cuatro cambios al año en la base de cotización.
En materia de fraude, Ciudadanos se arroga haber conseguido que el PP acepte que los beneficiados por la amnistía fiscal dictada en 2012 paguen el 10% del dinero aflorado, y no el 3%, como acabó sucediendo finalmente. También se incluye en este apartado “revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude”, una medida que –según decía Rivera en la rueda de prensa de presentación del acuerdo, es necesaria para evitar casos como el de los “papeles de Panamá”.
En materia de energía, se plantea elaborar un Plan que impulse las energías renovables y “eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico” (es decir, el conocido como “impuesto al sol” que grava a los que obtienen su propia electricidad).
