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La difícil vuelta atrás en la amnistía fiscal

Inspectores y técnicos de Hacienda auguran controversia jurídica si se quiere gravar ahora dinero que se consideró prescrito

La letra pequeña del pacto PP-C's en materia fiscal. / GETTY IMAGES

Madrid

En la aplicación de la amnistía fiscal aprobada en 2012 la Dirección General de Tributos consideró prescritas las cantidades afloradas que se habían generado antes de 2008, con lo que quedaron exentas de tributar a Hacienda. El resultado fue que el tipo medio recaudado por la Agencia Tributaria por el dinero aflorado fue del 3%, muy lejos del 10% establecido en la norma.

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Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de hacienda GESTHA, ve difícil pretender ahora conseguir que se tribute el 10% por el dinero entonces considerado prescrito. "El decreto ley que estableció la amnistía fiscal tampoco dice expresamente que hubiera que pagar por el total de bienes, aunque hubieran prescrito. Entendemos que volver sobre este tema sería muy problemático desde el punto de vista jurídico."

Pero José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, opina que debe intentarse. "La Administración lo que tiene que hacer es intentar es que los defraudadores ingresen lo que han defraudado. Y lo que no podemos es inventarnos una prescripción". Este colectivo recuerda que lo habitual es que al presentarse una declaración ante la Agencia Tributaria se paralice la prescripción. Por lo que Groba sostiene que la dirección general de Tributos, al aceptar en la amnistía fiscal la prescripción de los bienes anteriores a 2008 ha realizado una interpretación muy favorable a los defraudadores.

Pero reconoce que si ahora se intentase la revisión de la amnistía muchos de los que se acogieron se negarían a pagar más, y se defenderían en los tribunales.

El punto del pacto PP - C's en que se plantea la revisión de la amnistía fiscal incluye la coletilla "dentro de los límites de la normativa tributaria", y en la dotación presupuestaria del pacto se prevé recuperar por esta vía y la de mejora de la lucha contra el fraude fiscal un total de 1.000 millones de euros en 2017.  Muy por debajo de los 2.800 millones que dejaron de ingresarse por cantidades que se consideraron ya prescritas. Señal de que los firmantes prevén que la medida, al menos en un primer momento, tenga resultados más bien modestos.

 
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