El gobierno de Honduras paga a militares para recabar información de activistas

Madrid

Llevaba unos diez años trabajando para el ejército hondureño hasta que lo descubrieron, dos meses después del asesinato de Berta Cáceres, pasando información de activistas al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento, formaba parte de la Guardia de Honor presidencial de las Fuerzas Armadas de Honduras aunque llevaba un año haciéndose pasar por campesino, defensor de los derechos del pueblo lenca y activista contra el proyecto hidroeléctrico que la empresa DESA pretende llevar a cabo en el municipio de La Esperanza, al oeste del país centroamericano. "El orejas", como le llaman los miembros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), participaba en las actividades de la organización que impulsó Berta hace 23 años y que enfrenta medio centenar de proyectos de multinacionales extractoras en territorio indígena lenca. Pero en realidad se dedicaba a redactar informes sobre las acciones que planean las organizaciones civiles y fotos de los defensores.

Según los documentos incautados en su teléfono móvil, los informes eran remitidos directamente a Casa Presidencial. Cuando los líderes del COPINH se dan cuenta de que tienen un espía entre sus filas, le interrogan. "El orejas" admite que trabaja para el gobierno, niega saber quién está detrás del asesinato de Berta y reconoce que la información que ha facilitado les ha podido costar la vida a varios activistas. Desde el día en el que reconoció ser un infiltrado, a principios de mayo, se desconoce su paradero.

Los defensores hondureños del medioambiente y derechos humanos aseguran que las amenazas se han incrementado desde el asesinato de Berta. Nelson García y Lesbia Janeth, ambos miembros del COPINH, han sido asesinados en marzo y julio de este año respectivamente. El actual coordinador de la organización, Tomás Gómez, ha sufrido tres ataques en estos seis meses, uno de ellos fue a balazos contra su coche. Los activistas creen que el hostigamiento constante y las amenazas directas de policías y militares (además de las de sicarios y trabajadores de multinacionales) forman parte de una política de Estado contra la lucha civil, con el objetivo de eliminar las protestas contra los proyectos de las empresas extractoras.

Para los defensores del medioambiente, las amenazas e incluso los asesinatos de activistas son una política de Estado contra todos los que se oponen a los intereses económicos del gobierno de Juan Orlando Hernández

Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de Berta, cuenta en declaraciones a la SER que un desertor, del que no ha trascendido su nombre por seguridad, reconoció a defensores hondureños que pertenecía a un escuadrón de élite del ejército que manejaba una lista de objetivos. “Este escuadrón está apoyado y financiado por Estados Unidos”, según el testimonio de esta persona, dice Castro, “estos militares tenían que entrenar y que reportarse en el cuartel y cada vez eran menos y menos los que regresaban, iban poco a poco desertando, desapareciendo, entonces éste decide huir. Y, efectivamente, cuando ve los nombres que están en la lista de posibles asesinatos, confiesa que estaba el de Berta”.

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En los informes que “el orejas” envía a Casa Presidencial no solo aparecen datos del COPINH. También figuran otras organizaciones sociales como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) o el Movimiento 5 de Julio, entre ellas. OFRANEH, por ejemplo, se moviliza en la costa Caribe de Honduras, territorio de la etnia garífuna, contra proyectos hidroeléctricos, mineros o de producción de palma africana. Su coordinadora, Miriam Miranda, asegura que el asesinato de Berta no es un caso aislado. “En todo el país existe una gran represión contra las comunidades que inicien cualquier protesta contra los intereses del gobierno; inmediatamente son catalogadas como enemigas del Estado y es el mismo ejecutivo el que nos criminaliza a través de sus aparatos institucionales”. Miranda cree que tras el golpe de Estado en 2009, Honduras se ha convertido en “un laboratorio político que ha sido replicado en países como Paraguay o Brasil, donde se persigue a los defensores de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza”. Miranda, al igual que los integrantes del COPINH, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un intento de secuestro y asesinato en 2012. Pero asegura que “no sirven un carajo porque el Estado no tiene una política de protección y seguridad para los defensores de derechos humanos más allá de ponerles un policía”. Y se pregunta, “¿cómo vamos a querer ir acompañados de policías cuando en este país altos mandos de las fuerzas armadas están involucrados en el crimen organizado y en los hostigamientos?”.

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Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales y de derechos humanos. Desde 2009, más de 110 defensores han sido asesinados en este país según la organización Global Witness.