El abogado del Estado retrasa la decisión del Constitucional sobre el control parlamentario al gobierno en funciones

Madrid

El Tribunal de Garantías ha dado diez días de plazo al Congreso y al Senado para que envíen los informes solicitados por el abogado del Estado y puedan ser estudiados antes de decidir sobre el fondo del asunto.

Una vez que lleguen estos informes a manos de los miembros del tribunal se dará traslado de los mismos a las partes del proceso (fiscal, abogado del estado, y recurrentes) por si tienen que hacer alguna alegación. Este nuevo plazo será también de diez días.

Según apuntan fuentes jurídicas, este nuevo calendario impide que la sentencia del Constitucional se pueda conocer antes del próximo pleno que se celebrará en octubre.

Batería de documentos

El Constitucional ha aceptado las peticiones del abogado del Estado que ha solicitado al Congreso de los Diputados tanto las Actas de la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, de fecha 25 de mayo de 2016, como el Índice Rojo de la Mesa de la Diputación Permanente, por tratarse del documento, preparado por los servicios juridicos de la Cámara, en la que se hacen constar los precedentes de escritos parlamentarios sometidos a la calificación de la Mesa. De igual forma ha solicitado media docena de acuerdos anteriores de la Mesa de la Diputación Permanente. También se reclaman cerca de 70 dicho, estos sobre comparecencias, comisiones de control y debates de investidura desde 1979 hasta hoy.

Retórico e incongruente

La Abogacía del Estado califica como "retóricos e incongruentes" algunos de los argumentos de los grupos parlamentarios que exigen la comparecencia de los ministros en funciones.

El escrito del abogado jefe Francisco de Asís Sanz solicita al Constitucional que no admita el recurso de estos parlamentarios por falta de legitimación activa de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso para plantear el conflicto de atribuciones que es competencia exclusivamente al Pleno de la Mesa de la Diputación Permanente.

En segundo lugar, que no se admita el recurso por "indeterminación del objeto y de las pretension del conflicto" ya que este no está configurado para realizar pretensiones abstractas o genéricas, o para llevar a cabo una interpretación doctrinal de los preceptos constitucionales.

El abogado del Estado sostiene además que es necesario que el Gobierno cuente, mediante la investidura de su Presidente, con la confianza del Congreso, y solo un Gobierno en plenitud de funciones, cuyo Presidente haya sido investido de acuerdo a programa político expuesto ante el Congreso, puede ser objeto de control.