El Congreso aprueba una comisión de investigación sobre Fernández Díaz
La Cámara ha aprobado la primera comisión de investigación de los últimos doce años sobre las grabaciones en Interior mientras el titular de Economía dará plantón por el caso Soria
La iniciativa ha salido adelante con 206 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones / ATLAS
Madrid
Tres meses después de las elecciones se ha celebrado el primer pleno de la legislatura. Y lo ha hecho con dos ministros como protagonistas: el titular de Economía, Luis de Guindos, que no ha acudido al Congreso a dar explicaciones por el caso Soria, pese a haberlo demandado la Cámara, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien tendrá que someterse a una comisión de investigación por el caso de las grabaciones que afectan a su departamento y el uso de las instituciones con fines políticos.
La de Fernández Díaz se trata de la primera comisión de investigación que se aprueba en el Congreso en los últimos doce años, después de la acordada en relación con el 11 M en 2004. Sale adelante porque todos los grupos, salvo el PP, han apoyado la petición del PSOE para investigar en la Cámara Baja el uso partidista de medios públicos y de las propias fuerzas de seguridad por parte del ministerio contra adversarios políticos, en particular dirigentes soberanistas en Cataluña, y también para obstaculizar la investigación de casos de corrupción que afectan al PP. Fernández Díaz no puede negarse a acudir al Congreso ya que, comparecer ante una comisión de investigación en las Cortes es obligatorio por ley, no hacerlo implicaría un delito de desobediencia castigado con penas de cárcel o inhabilitación para cargo público.
La petición del PSOE es que esa comisión realice sus trabajos durante un plazo de tres meses y esté integrada por tres miembros de cada partido con más de cien diputados, dos para las fuerzas con más de 50 parlamentarios y un representante por cada grupo restante. Que llegue a funcionar o no dependerá de los plazos de disolución de las Cámaras si se convocan elecciones. A su término, las comisiones de investigación pueden elevar un dictamen con sus conclusiones que, aunque no son vinculantes para los tribunales, sí se podrían remitir si se considera oportuno al ministerio Fiscal.
Al margen de ese punto, el pleno ha arrancado con la imagen del escaño vacío del ministro de economía Luis de Guindos, que no ha acudido a la cámara para dar explicaciones sobre el caso Soria, pese a haber sido llamado oficialmente por el Congreso. Todos los portavoces han vuelto a evidenciar el conflicto entre el Congreso y el Gobierno por el control parlamentario al ejecutivo en funciones. La oposición ha criticado duramente al Gobierno por estar en rebeldía mientras el PP ha hecho suyos los argumentos del Ejecutivo de que un gobierno en funciones no puede someterse al control de una cámara que no le ha dado su confianza. El conflicto sigue en el Tribunal Constitucional que, de momento, no ha resuelto y no tiene previsto hacerlo con carácter inminente.
La primera sesión plenaria de la legislatura se ha completado con varias proposiciones no de ley. Ha sido rechazada una de Podemos para pedir el fin de las "puertas giratorias" y ha salido adelante la de Ciudadanos que reclama que los beneficiados por la amnistía fiscal de Montoro tributen al 10% y no al 3% como hicieron en su momento. El PP ha visto cómo la cámara tumbaba su iniciativa sobre la mejora de las políticas activas de empleo y el PSOE ha recibido apoyos suficientes para pedir que el Gobierno en funciones apruebe por Decreto-ley el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos en caso de prórroga presupuestaria.
