Mas denuncia un "aquelarre judicial" pero ve un "honor" ser procesado por 9-N

Artur Mas ha comparecido en rueda de prensa junto con las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau para comentar la calificación de la Fiscalía, que pide diez años de inhabilitación para el expresidente y otros nueve para cada una de las exconselleras por mantener la consulta soberanista del 9-N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

El expresidente ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diga "quién ha cumplido y quién no la ley", sin tener en cuenta a su juicio la separación de poderes. "Esto lo podría haber dicho un ministro de Franco", ha remachado.

La petición de la fiscalía ha generado múltiples muestras de apoyo entre los partidos catales. La CUP ha expresado, a través de la red social Twitter, su solidaridad con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega,  y ha subrayado que "votar no es ningún delito". La diputada Mireia Boya ha afirmado en Twitter: "Ante la judicialización de la política y el veto a la democracia de las urnas, estamos y estaremos todos".

Represión y violencia judicial

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha sido el  más contundente en el apoyo de su partido al expresidente "y a todas las víctimas de la violencia judicial". En una rueda de prensa, Tardà ha afirmado que ERC apoya "en todo y para todo" a Artur Mas y a sus exconsellers. Según el portavoz republicano, "el Estado español ha optado por la represión y la violencia judicial y, ante esto, solo podemos expresar nuestra firmeza democrática y nuestro convencimiento de que la democracia siempre acaba triunfando".

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El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado que la fiscalía demuestra "alergia a la democracia y al mandato democrático de los ciudadanos". El conseller ha lamentado que las instituciones que dependen "de forma jerárquica del Estado español, como la fiscalía", actúan de forma "sistemática" con "mucha alergia a la democracia, a la participación de los ciudadanos y a los mandatos democráticos", ha opinado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha defendido no judicializar el proceso participativo del 9N de 2014 y ha apoyado a los encausados: "Repetiremos tantas veces como haga falta que 9NSomTots" ('9NSomosTodos'). Colau ha añadido que las discrepancias políticas se resuelven "con debate y urnas, no con amenazas ni judicialización".

El presidente del PSC, Àngel Ros, también ha "lamentado" las peticiones de inhabilitación de la fiscalía y aunque ha afirmado que los socialistas "respetarán" cualquier decisión, ha criticado que se "judicialice el debate político". En rueda de prensa tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido, Ros ha "lamentado" esa decisión: "Lamentamos que en este país se judicialice lo que debería ser objeto de acción y debate político. La justicia se ha de respetar, pero la judicialización de la política nunca es buena".

"La democracia sin diálogo, acuerdos y pactos no existe, lleva a la crispación y radicalización por un lado, o a la judicialización. Es obvio que este es el modelo del PP. Nosotros no podemos apoyar modelos que tienden a dejar problemas unos encima de otros y esperar a la judicialización de los mismos", ha argumentado el alcalde de Lleida.