El Constitucional anula el crédito extraordinario de Defensa de 856 millones para equipamiento militar

Madrid

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo y contrario a la Constitución el Real Decreto-ley por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa, de 2015, por valor de 856,5 millones de euros, para "programas especiales de armamento" , por no estar justificada la "urgencia ni los perjuicios en caso de impago".

El alto tribunal reconoce que si desapareciese la autorización del crédito incluida en el Decreto se vería gravemente comprometida las relaciones que pudieran tener terceros con este crédito, por lo que el tribunal declara "no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad, además de las situaciones decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de mayo de 2015 contra el créditos extraordinario y el suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados recurrió el decreto, por el que se aprobó un crédito extraordinario para atender al pago de los programas especiales de armamento y que asciende a 856,4 millones de euros, al considerar que el Gobierno "engaña" a los ciudadanos al aprobar cada año unos Presupuestos para el Ministerio de Defensa y después aumentarlos con estos créditos extraordinarios.

Con este crédito en concreto se hace frente al pago de programas como el del 'caza' Eurofighter (399,7 millones de euros), el Airbus A400M (154,4 millones), el vehículo blindado Pizarro (60 millones), o los helicópteros Tigre (68,9 millones), NH-90 (45,6 millones de euros) y EC-135 (39,2 millones), entre otros.

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Los programas especiales de armamento tienen un sistema de financiación especial que se basa en anticipos del Ministerio de Industria. El pago de lo que se adquiere se realiza con cargo al presupuesto de Defensa y es en el momento de la entrega cuando el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.

Según el Constitucional, "el recurso sistemático de decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales contenidas en el art. 86.1 CE".

Igual que en 2014

Las razones aducidas por el gobierno, como las consecuencias negativas por no pagar por a los proveedores y evitar así el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, dice el alto tribunal, " son exactamente las mismas que las explicitadas en su momento para justificar el Real Decreto-ley 10/2014: la imposibilidad de concretar las cuantías de los compromisos de pago del programa especial de armamento en el momento de la elaboración de la ley de presupuestos" y "la urgencia en el pago a terceros".

Estas razones, según la sentencia dictada "no pueden justificar la utilización de la figura excepcional como el Decreto-ley; el pago de las obligaciones contractuales adquiridas por el Estado no puede ser, en sí mismo, un argumento válido para justificar la situación de 'extraordinaria y urgente necesidad' requerida en el . 86 CE , si no va acompañado de justificación adicional que explicite las razones por las cuales el pago de una obligación adquiere tal gravedad".