El Gobierno veta 10 leyes de la oposición porque ''incrementan costes públicos''

Madrid

Si finalmente hay investidura, el PP se enfrentará a una mayoría en contra en el Congreso que puede derogar sus leyes. Pero el Ejecutivo tiene un mecanismo para frenarlo, una especie de botón rojo que ya ha pulsado. El Gobierno puede alegar -le ampara la Constitución- que lo que piden los demás partidos implica un aumento del gasto público y eso, constitucionalmente, solo puede decidirlo quien gobierna. Con ese argumento, el gobierno de Rajoy vetó el viernes diez proposiciones de ley que habían presentado PSOE, Ciudadanos y los parlamentos de Galicia, Baleares y Murcia.

Entre las proposiciones que ha frenado el Gobierno están la que pedía paralizar la Lomce, la que proponía que los inmigrantes tuvieran acceso a la sanidad pública o que se suprimieran las tasas judiciales, todas del PSOE. Figuraban también la proposiciones socialistas contra la pobreza energética o para que los trabajadores subcontratados disfruten de las mismas condiciones que los contratados. Había, además, un texto de Ciudadanos sobre el autoconsumo eléctrico y propuestas de los parlamentos de Galicia (sobre la titularidad de la AP9), Baleares (sobre emprendedores) y Murcia (sobre consumo energético).

Esas proposiciones -que podían haber concitado una mayoría contra el PP- no se tramitarán si las Cortes actúan como actuaron en casos precedentes. Porque no es la primera vez que un gobierno veta leyes con el argumento económico –los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero lo hicieron en 115 ocasiones-, pero sí es la primera vez que lo hace un Gabinete en funciones. La oposición teme que, si la legislatura arranca, el PP pulse el botón rojo cuando se vea acorralado.

Aunque existe otra diferencia. Se ha interpretado siempre que si el Gobierno vetaba una proposición, ésta no podía tramitarse en las Cámaras. Pero ahora la mayoría en la mesa del Congreso no la tiene el PP y los demás partidos pueden forzar otra interpretación. El PSOE estudia fórmulas para sortear los vetos y el diputado Rafael Simancas ha asegurado que están incluso dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional. Se trataría, en ese caso, de otro conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo, tras la pugna por si un Gobierno en funciones puede ser controlado por el Parlamento.