La investidura de Rajoy despeja el camino a las reválidas

Madrid

En cuestión de días, salvo sorpresa de última hora, habrá Gobierno. Mariano Rajoy será investido y nombrará un ejecutivo que después de casi un año tendrá plenas funciones. Para el ministerio de Educación esto supone evitar un problema que amenazaba a la medida más polémica de la LOMCE: las reválidas que tienen que hacer los alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Las pruebas no tienen este curso efectos académicos, no habrá que aprobarlas para tener el título, aunque la de bachillerato sustituye a la PAU y servirá para poder entrar en la universidad.

En cuanto haya Ejecutivo y tome posesión el ministro de Educación, ya sea el actual Íñigo Méndez de Vigo u otra persona designada por Rajoy, podrá nombrar un presidente del Consejo Escolar del Estado. Eso permitirá desbloquear este órgano consultivo que lleva paralizado desde que en mayo se jubilaron el presidente y la vicepresidenta puesto que no podían ser sustituidos por un Gobierno en funciones. El Consejo Escolar es imprescindible para aprobar las reválidas. La orden ministerial con las características de las pruebas tiene que pasar obligatoriamente por él antes del 30 de noviembre según el plazo establecido por el propio ministerio. La SER ya les adelantó que - ante la posibilidad de que no hubiera investidura- el ministerio había encargado un informe a la abogacía del estado para desbloquear el Consejo y buscar una salida jurídica a la medida más polémica de la 'ley Wert'.

El Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado(CEAPA), José Luis Pazos, cree que ese informe ya no es necesario y que el ministerio "con un mes por delante y en trámite de urgencia llegará a tiempo para aprobar las reválidas en el plazo establecido". "En cualquier caso", añade, "si la orden se publica unos días más tarde del 30 de noviembre ningún tribunal va a admitir un recurso".

Un portavoz de Educación ha asegurado que no se pronuncian sobre "futuribles" y que "a día de hoy" siguen considerando necesario el informe de la abogacía del Estado.