''Barroso ha dañado la credibilidad de las Instituciones, sin hacer nada ilegal''

Bruselas

Durao Barroso tenía que “haber tenido en cuenta las críticas que provocó su actitud” y el “riesgo de daño a la reputación de la comisión y de la Unión en general”. Y esto, al margen de si su decisión era o no era legal. Pero “el daño ya está hecho” y su fichaje “no vulnera el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión” que en la práctica fija un plazo de 18 meses como única prevención contra “las puertas giratorias”. “Creo que será necesario vigilar que Barroso mantiene en sus nuevas funciones una actitud correcta con la ley”, ha dicho en declaraciones a la Cadena SER Elena Valenciano, nueva vicepresidente del grupo parlamentario socialista en el Europarlamento.

Valenciano reclama la modificación del Código de Conducta que ha servido de base al examen del Comité de Ética: “habrá probablemente que legislar para que el plazo en el que un responsable de ese nivel pase a una institución privada para rentabilizar las relaciones públicas y la influencia que ha tenido hasta el momento deba ser más larga”, ha dicho confiando en que “efectivamente, puedan sumarse otros grupos a nuestra posición”.

El presidente Barroso “ha deslegitimado en un momento muy grave a las Instituciones y esto es un profundo error”, ha explicado Enrique Calvet que desde el grupo liberal de la eurocámara, suscribe la necesidad de revisar la ley que rige las incompatibilidades.

Los Populares Europeos por el momento callan mientras desde los grupos de la izquierda, Miguel Urban, de Podemos, pide que además de endurecer las normas, el ex-presidente se quede sin pensión, “la Comisión que tiene la pelota en su tejado, debiera, como mínimo, quitarle la pensión millonaria vitalicia”, ha explicado. Una opción complicada, según los juristas consultados por la Cadena SER para los que cualquier medida de sanción exige la luz verde del Tribunal europeo de Luxemburgo cuya intervención no se puede pedir si no hay vulneración de la ley. Los grupos parlamentarios contarán en su nueva pelea con el apoyo de la Defensora del Pueblo Europea, Emily O'Reilly, que en un comunicado afirma tomar nota de las conclusiones del Comité de Ética, subrayando que Barroso ha provocado un daño y apuntando que podría abrir una investigación mientras espera que decide ahora la Comisión.