Los retos del ministerio de Empleo: la sostenibilidad de las pensiones

Madrid

El reto clave que afronta el ministerio de Empleo es en buena medida el reto de la legislatura: todo el mundo (Gobierno, partidos y agentes sociales), están de acuerdo en que hay que volver a reformar el sistema de pensiones, ya que el déficit persistente y creciente desde 2011, está poniendo en tela de juicio la sostenibilidad a largo plazo del sistema y provocando el agotamiento del Fondo de Reserva (previsto para finales de 2017). El desafío es además encontrar fórmulas de consenso, porque sin una mayoría parlamentaria clara, el Ejecutivo no podrá aprobar una reforma como la que sacó adelante en 2013.

El ministerio tendrá que hacer frente también a peticiones de reforma en materia estrictamente laboral: para empezar, ha de adaptar la legislación española a lo dispuesto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de septiembre que considera “discriminatorio” que los contratados indefinidos y los temporales tengan distinta indemnización por despido. El Gobierno ya ha avanzado que quiere reformar la contratación temporal en la línea del acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos antes de las elecciones: hacer que la contratación temporal tenga indemnizaciones por despido crecientes, que en el tercer año de contrato se igualen con las de los indefinidos.

Además, el ministerio tendrá que arreglar las reformas acometidas en el anterior Gobierno Rajoy que no han dado fruto: la reforma de la formación para el empleo, la formación dual, la garantía juvenil (la aplicación en España del programa europeo para dar oportunidades a jóvenes desempleados) y el programa de ayudas a los parados de larga duración y con cargas familiares; ninguna de estas medidas ha dado los resultados esperados, y su impacto ha sido mínimo.

Por último, el ministerio tiene que fijar los salarios de los empleados públicos y el Salario Mínimo Interprofesional para 2017, una actualización que en esta ocasión sí puede generar contestación de los agentes sociales, porque (a diferencia de otros años) está previsto que los precios crezcan más de un 1%, y por tanto una subida exigua puede hacer perder poder adquisitivo a esos colectivos.