Méndez de Vigo, un ministro portavoz para deshacer la Lomce de Wert
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, será el portavoz del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría
Cadena SER
Madrid
Íñigo Méndez de Vigo Montojo. 60 años. Descendiente de familia de militares, es el político aristócrata del gobierno de Rajoy. Es barón de Claret y sobrino de Carmen Díaz de Rivera, la musa de la Transición y jefa de Gabinete del presidente Adolfo Suárez. Méndez de Vigo es un diplomático con amplia experiencia en la política europea y un veterano en el PP. Ingresó en 1989 tras la refundación del partido y lo hizo de la mano de Mayor Oreja.
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Era Secretario de Estado para la Unión Europea cuando Mariano Rajoy lo nombró ministro de Educación, Cultura y Deportes en junio de 2015. Lo eligió por su perfil de hombre dialogante y con mucha mano izquierda para arreglar el gran desaguisado generado por José Ignacio Wert con sus recortes educativos y su polémica Lomce, una ley que el PP aprobó en solitario y con un enorme rechazo político y social.
La situación de Wert era insostenible. Era entonces el ministro peor valorado y la comunidad educativa le convocó más de una veintena de huelgas y protestas. Pero el enfrentamiento alcanzó a los rectores e incluso a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Rajoy dejó caer a su amigo Wert pero lo designó embajador de España ante la OCDE, organismo a donde se había trasladado meses antes como directora adjunta de Educación su número dos en el ministerio y actual pareja Monserrat Gomendio. Siempre se dijo que la secretaria de Estado Gomendio fue en realidad la gran hacedora de la Lomce.
En este año y medio al frente del ministerio, Méndez de Vigo no ha hecho otra cosa que rectificar la política de Wert y algunos aspectos de la Lomce, aunque de momento sin tocar el núcleo duro de la contestada norma. Ha dado a las comunidades autónomas mayor control educativo, se ha olvidado del plan para escolarizar en castellano al alumnado catalán; ha prohibido los rankings de colegios tras la evaluación de 6º de Primaria; ha recuperado una parte (pequeña) de las ayudas a los libros de texto y la nueva prueba de acceso a la Universidad será muy similar a la desaparecida selectividad.
El último intento de reconciliación ha sido la suspensión de las reválidas de la ESO y de Bachillerato hasta que haya un pacto educativo. Y este es el reto que deberá afrontar el nuevo ministro de Educación, lograr el consenso político para que España tenga por primera vez un Pacto de Estado después de los vaivenes de ocho leyes educativas.
Un objetivo imposible si el gobierno de Rajoy se empeña en negociar tomando la Lomce como base de partida de una nueva legislación y si no toca cuestiones ideológicas inaceptables para el PSOE o Podemos como por ejemplo que la asignatura de Religión siga siendo una materia puntuable en el expediente académico y haga media para lograr becas y ayudas a los estudiantes. Pero fuentes del PP han reconocido ya esta semana a la Cadena Ser que están dispuestos a elaborar una nueva ley si así lo decide la subcomisión que se creará en el Congreso para negociar el pacto educativo. "No nos cerramos a que haya otra ley" fueron las palabras textuales. Y se mostraron abiertos a abordar esas cuestiones mas espinosas como el tratamiento de la Religión en la escuela y la educación diferenciada.
El otro gran desafío es revertir los recortes educativos. El sistema ha perdido nueve mil millones de euros desde que empezó la crisis. Y reponer esta situación parece improbable con el tijeretazo de más de cinco mil millones de euros que Bruselas exige a España para reducir el déficit.
La cultura
Cultura es tan sólo un departamento, con rango de Secretaría de Estado, del ministerio que dirige ahora Méndez de Vigo quien parece tener menos problemas en dejarse ver en espectáculos y exhibiciones, a pesar de que se declara confeso seguidor de Cine de Barrio, que sólo se puede ver sentado en el sofá de casa.
El listado de problemas a los que no se ha dado solución durante su gestión y la de su predecesor, que prefirió París a la capital española, ha ayudado a agravar la situación de las artes escénicas. No ha puesto en marcha una efectiva ley de mecenazgo. No ha tenido los suficientes arrestos (o el poder político necesario) como para enfrentarse a Montoro y obligarle a torcer el brazo para dar marcha atrás al IVA cultural más alto de Europa. Y durante mucho tiempo, no ha sabido convencer a Fátima Báñez de lo imprescindible que es el que los escritores puedan seguir cobrando su pensión mientras continúan ofreciéndonos nuevos libros.
Quizás la solución dada al cine español para su financiación pueda considerarse un éxito en la gestión de quien ha estado en las máquinas del departamento de Cultura, el secretario de Estado Lassalle, pero es obvio que entre los propios cineastas se piensa que el nuevo modelo no es suficiente para lograr una industria poderosa. Y en las artes escénicas, la firme fiscalización que Hacienda ha realizado deja al descubierto una organización que, ahora bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, ha aplazado su reorganización.
La ausencia de una política definitiva que muestre el compromiso con la defensa de los derechos de autor también ha dejado un reguero de críticas entre los creadores para los que la administración popular no ha sabido ofrecer un estatuto que contemple soluciones prácticas en el día a día de los artistas. Y tampoco se pueden tirar cohetes con el esfuerzo gubernamental (esta vez todo el consejo de ministros es responsable) para dejar claro que Cervantes es todo un paradigma. El Reino Unido, con un pie fuera de la Unión, ha logrado “invadir” con Shakespeare lo que Moncloa no ha sabido defender como política de Estado.
