El Constitucional avala la ley que le permite suspender a cargos públicos

Madrid

Se trata de una ley claramente orientada a hacer frente y neutralizar el proceso soberanista que además permite al gobierno evitar un desgaste político porque encomienda a los tribunales su ejecución.

En este sentido, el Tribunal Constitucional desliga el asunto de Cataluña del debate sobre esta ley porque lo que ha hecho el Constitucional es un juicio jurídico "abstracto" al margen de su aplicación a las autoridades autonómicas o "a las del Estado".

El Constitucional sostiene que con la remoción de quien desobedezca sólo se busca eliminar el "obstáculo" que exista para el cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional y no castigar o perjudicar a la autoridad rebelde.

La ley se ha aplicado ya contra Carme Forcadell, cuando el Tribunal de Garantías instó al fiscal a actuar contra la presidenta del Parlament y el Ministerio Público presentó una denuncia por desobediencia y prevaricación, pero podría volverse a utilizar, después de que el Parlament ha vuelto a tomar iniciativas soberanistas, prohibidas por el Alto Tribunal.

El Constitucional dice que dotarle de medidas que garanticen la efectividad de sus resoluciones frente a las autoridades que no las acaten es ajustado a la ley y advierten que la suspensión no tendrá una duración determinada, sino la estrictamente indispensable para que la resolución desobedecida se cumpla.

En ese tiempo acotado, la suspensión no debe ser interpretada como una inhabilitación del cargo público, ya que la autoridad pública o el funcionario suspendidos no se verán privados de sus cargos.