El Pacto de Toledo empieza a preparar la futura reforma de las pensiones
Los grupos parlamentarios acuerdan comenzar sus trabajos en comisión convocando la semana que viene a Gobierno y agentes sociales
La presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, hace declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión hoy de dicha comisión en el Congreso / Sergio Barrenechea (EFE)
Madrid
Ya hay Gobierno, y por tanto se puede poner en marcha el Pacto de Toledo: la comisión parlamentaria que se encarga de examinar los asuntos de pensiones, para tratar de lograr soluciones consensuadas para una materia tan sensible. Y los diputados no quieren perder el tiempo: en su reunión celebrada este jueves, los portavoces de los distintos grupos han acordado pedir la comparecencia de la ministra de Empleo, del Secretario de Estado de Seguridad Social y de los líderes de los sindicatos UGT y CCOO y de las patronales CEOE y CEPYME para recabar su opinión sobre las reformas que necesita el sistema para ser sostenible.
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Fuentes parlamentarias han dicho a la SER que las comparecencias podrían empezar el próximo martes por la mañana, pero que ha de ordenarse la agenda en función de las disponibilidades de los convocados. Después de esta primera ronda de convocatorias, vendrán dos más: expertos del ámbito académico, y técnicos gubernamentales y del sector de pensiones, han explicado estas fuentes. El objetivo es que las comparecencias terminen en enero, de forma que los diputados puedan debatir y pactar un documento para mayo como tarde. Un texto que –de alcanzarse un acuerdo- podría servir de base para una eventual reforma de pensiones.
El perímetro de la reforma
Aunque los diputados preparen su texto, el Gobierno será el que lidere el proceso (en paralelo convocará a los agentes sociales para pedirles sus ideas) y el Ejecutivo de Rajoy tiene más o menos acotado el campo en el que se puede mover una posible reforma, según fuertes del Gobierno y de los interlocutores sociales. Para empezar, no quiere rectificar las reformas de 2013: para el gobierno sería tanto como corregirse a sí mismo, y además Bruselas aprueba el mecanismo automático de revalorización de pensiones que desde entonces limita las subidas de pensiones al 0,25% en los años de crisis. Segundo: todo ha de ser consensuado, porque la matemática parlamentaria no da si no, y porque se aspira a una foto como la del 95-96, el origen del Pacto de Toledo: un gran acuerdo con todos los partidos y los agentes sociales con medidas pactadas para reflotar el sistema. Y la última: ni recortar pensiones, ni retrasar más la edad de jubilación (que es lo que se hizo en 2011); con la debilidad del actual ejecutivo, unas medidas tan impopulares ni se las plantean en la Moncloa.
Aunque la ambición es grande, en el Gobierno cuentan con que, por lo menos en un primer tiempo, tendrán que conformarse con un acuerdo de menos alcance, que sirva para reducir más rápido el déficit de la Seguridad Social (que este año superará, según distintos cálculos, los 17.000 millones). Entre las cosas que se pueden hacer, parece claro -porque hay consenso político y social- que se tratará de sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema para financiarlas con impuestos en vez de con cotizaciones, aunque al PP no le gusta mucho la idea del PSOE de crear un impuesto especial para ello.
Otro punto de máximo interés: los autónomos, potenciar sus cotizaciones sin por ello enemistarse con este colectivo al que tanto ha cuidado el PP y que tanto interesa a un potencial socio como Ciudadanos. Se buscarán fórmulas para estimular la cotización más elevada de aquellos trabajadores con cuenta propia que puedan hacerlo, y que los que menos ganan puedan cotizar cantidades más reducidas. Y una clave más: que no se agote el Fondo de Reserva. Al ritmo actual, la hucha de las pensiones se consumiría en el invierno de 2017, y aunque esto no pondría en riesgo las pensiones (las extras pueden seguir pagándose con deuda) sería un golpe psicológico para el país que el Gobierno no quiere que se le achaque. Destopar las bases máximas de cotización y hacer que las bonificaciones a la contratación no se paguen con cotizaciones serían dos vías sobre la mesa para financiar medidas como estas sin subir los impuestos, algo que quiere evitar el Ejecutivo.
