Siete años y medio del ‘caso espías’

Madrid

Hace siete años y seis meses nacían en el juzgado de instrucción nº 5 de Madrid las diligencias previas 1891/2009, que con el tiempo serían más conocidas como el caso espías o el supuesto espionaje político en el seno de la Comunidad de Madrid y una lucha fratricida entre los ejes de poder del Partido Popular madrileño. Una investigación abrupta, intermitente y que ha dejado por el camino tres archivos judiciales con sus correspondientes reaperturas, dos comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, una interna del Partido Popular e innumerables elucubraciones sobre quién pidió a policías y guardias civiles que investigasen a adversarios políticos de Esperanza Aguirre usando medios y fondos públicos.

La Comunidad de Madrid reconoce el espionaje político durante la etapa de Esperanza Aguirre

<p>Su representación pide abrir juicio contra los acusados.</p>

El pistoletazo de salida llegaba el 21 de enero de 2009: el diario El País destapó la existencia de la ‘gestapillo’ madrileña: varios policías y guardias civiles habían elaborado informes sobre Manuel Cobo (vicealcalde con Alberto Ruiz-Gallardón) y Alfredo Prada (consejero de Justicia), a la sazón adversarios políticos de la presidenta regional Esperanza Aguirre.

Las informaciones rápidamente se convirtieron en denuncias y causas judiciales: en mayo de 2009 nacía la instrucción que ahora va camino de su conclusión: el juzgado número cinco de la capital acumulaba la denuncia de Cobo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía y arrancaba el denominado caso espías bajo la batuta de la magistrada Carmen Valcárcel.

Malversación, no espionaje

Años de accidentada investigación judicial han hecho un dibujo de cómo funcionaba lo que Manuel Cobo llegó a definir como la ‘gestapillo’: Sergio Gamón, director general de Seguridad fichado por Esperanza Aguirre, ordena supuestamente un grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a su cargo para que sigan a varios enemigos políticos de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Para cuando la investigación judicial arranca en mayo de 2015, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) maneja un informe que es contundente: los partes de seguimientos publicados por El País coinciden en lugares, fechas y horas exactas con la ubicación de los teléfonos de los supuestos ‘espías’. Teléfonos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid usados por los que, siete años después, tiene todas las papeletas de componer el grueso del banquillo de los acusados.

Desde un primer momento, la jueza instructora tuvo claro que la causa debía investigar sólo si los seguimientos se llevaron a cabo utilizando medios y fondos públicos, restringiendo el caso a un posible delito de malversación y dejando fuera, entre otros aspectos, el contenido concreto de los seguimientos y los responsables políticos que, en última instancia, pudieron ordenar estas vigilancias a enemigos políticos de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Los imputados entonces son los que van camino del banquillo de los acusados: Sergio Gamón (director general de Seguridad con Aguirre), Miguel Castaño (subdirector) y tres agentes de Guardia Civil y un empleado de la Comunidad.

Después de unos primeros compases en los que los imputados los negaron, algunos imputados terminaron reconociendo algunos seguimientos aunque negando que se tratase de un espionaje que vulnerase la intimidad de los afectados y alegando que, en cualquier caso, se limitaban a poner en práctica las órdenes que les daban sus superiores. Declaró también como testigo Manuel Cobo en febrero de 2010 para constatar que su agenda coincidía punto por punto con los seguimientos.

En septiembre de 2014 lo hizo también el ya exconsejero Francisco Granados, apenas un mes antes de ser detenido por su implicación en la trama Púnica.

Tres archivos, tres reaperturas

Desde entonces y hasta ahora la causa ha experimentado tres archivos con sus consecuentes órdenes de reapertura. La primera fue en julio de 2010, cuando la jueza dictó el sobreseimiento provisional asegurando que “no se ha acreditado que los imputados destinaran estos bienes a actividades ajenas a la función pública”. La segunda, en febrero de 2012, cuando repitió que “no es posible concluir que los vehículos o teléfonos hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos”. La tercera fue en febrero de 2015 cuando la magistrada explicó que “es imposible determinar una cantidad concreta que haya sido desviada de su función pública”.

Cada archivo vino acompañado por un auto de la sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid ordenando la reapertura de la causa. En los tres autos ha dejado argumentos como que “la supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad” o la necesidad de interrogar a la exmujer de Sergio Gamón. Tras el último de esos autos, fechado en enero de 2014, la magistrada reabrió la causa de forma definitiva y terminó llevando el procedimiento camino de un juicio ante un Tribunal del Jurado.

Por el camino también hizo aguas el intento de varios imputados de apartar del caso a la jueza instructora, después de que las investigaciones sobre la trama Púnica revelasen que Francisco Granados dijo que la magistrada le había asegurado que estaba “para servirle” tras declarar como testigo.

Terremoto judicial… y político

El caso del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid explotaba en plena guerra entre distintos sectores del Partido Popular madrileño a cuenta del control de la formación a nivel nacional, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y sus afines más cercanos a Mariano Rajoy y opuestos, por tanto, a un posible paso adelante de Esperanza Aguirre. Pero el caso del supuesto espionaje político no sólo sacó a la superficie la parte más cruda de estos ajustes de cuentas: también se tradujo en dos comisiones parlamentarias y una investigación interna en el Partido Popular.

La primera comisión de investigación en la Asamblea de Madrid arrancó el 6 de febrero de 2009 y concluyó el 16 de marzo de ese mismo año: nueve sesiones en las que comparecieron la mayoría de los protagonistas conocidos. El último en comparecer fue Francisco Granados, entonces hombre fuerte de Aguirre, pero antes lo hicieron varios de los hoy imputados, como Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad en la Comunidad de Madrid, bastante enfadado con las acusaciones vertidas en ese momento.

También Miguel Castaño, subdirector del ramo, ahora también imputado como otro de los supuestos máximos responsables de estas vigilancias.

El sucesor de Gamón como director general de Seguridad, Enrique Barón –en la actualidad comisario de Policía Nacional– dejó para la posteridad la comparación de este caso con los personajes de Ibáñez, Mortadelo y Filemón.

La comisión echó el cierre merced del rodillo que ejercía en ese momento la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Las conclusiones finales aprobadas por la comisión negaban en siete puntos la existencia de un espionaje político o seguimientos, y dedicaban el primero párrafo a exculpar al ejecutivo de Esperanza Aguirre: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona”. Un dictamen – diametralmente opuesto a las conclusiones extraídas por los letrados de la Comunidad, ahora bajo gobierno de Cristina Cifuentes – que dio alas a Esperanza Aguirre para hablar de “montajes” y “tretas”, hablando también de una trama Gürtel que daba sus primeros pasos en la Audiencia Nacional.

Mientras tanto, la oposición regional consideraba que la comisión se había cerrado en falso sin hacer ninguna averiguación útil para dirimir responsabilidades políticas. La socialista Maru Menéndez anunciaba que el PSOE llevaría el caso hasta el Tribunal Constitucional si era necesario, mientras que Inés Sabanés, entonces en Izquierda Unida, explicaba que “esto no va a acabar así” y que era “el principio del fin de la impunidad de Esperanza Aguirre”.

La comisión parlamentaria se cerró, como también bajó la persiana rápidamente la investigación interna que decidió abrir el Partido Popular para detectar cualquier irregularidad. Se anunció su apertura el 23 de enero de 2009, poco después de publicar El País las primeras informaciones, y María Dolores de Cospedal anunció su cierre dos meses después.

Pasados unos meses el Partido Popular suspendía cautelarmente de militancia a Manuel Cobo por criticar abiertamente a Esperanza Aguirre, y ya en 2010 Sergio Gamón abandonó su puesto como director general de Seguridad de Madrid. En julio de 2010 el partido obligaba a Cobo y Prada, supuestas víctimas de los seguimientos, a no recurrir el primer archivo dictado por la jueza.

Con las investigaciones parlamentarias en el cajón y la causa judicial avanzando a trompicones, el caso del supuesto espionaje político entró en estado de hibernación hasta que en 2015 la nueva Asamblea de Madrid dio luz verde a una nueva comisión de investigación.

El “especial interés” de Ignacio González

Las urnas del 25 de mayo de 2015 configuraron una Asamblea de Madrid inédita: el Partido Popular de Cristina Cifuentes gobernaba con mayoría simple pero el ábaco permitía a PSOE, Podemos y Ciudadanos tomar decisiones por sí mismos. El 21 de julio de ese año la Diputación Permanente daba luz verde a la creación de una comisión de investigación “sobre corrupción política”, que entre otros asuntos trataría el supuesto espionaje político que la anterior mayoría absoluta ‘popular’ había conseguido enterrar.

Los portavoces de la nueva oposición celebraron la apertura de la comisión. El Partido Popular votó en contra tanto de la formación de esta comisión como otra para estudiar la deuda de la Comunidad surgida de proyecto como, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia. La presidenta Cristina Cifuentes pedía esperar a ver cómo se desarrollaban las sesiones de ambas sesiones.

La comisión arrancaba y el tres de junio de 2016 caía la bomba: Francisco Granados comparecía por videoconferencia desde la cárcel de Estremera para explicar los pormenores de un sistema de seguimientos que se habría desarrollado con él como Consejero de Interior. Deseoso de hablar de una trama Púnica que le mantiene en prisión, y después de que la presidenta de la comisión le llegase incluso a cortar el micrófono, Granados se refirió al espionaje: no era espionaje sino contravigilancia y escolta, y nació a petición de Ignacio González.

La muy esperada comparecencia de Francisco Granados no fue la que más información aportó a la nueva comisión, ni tampoco la única en la que salió a relucir el nombre de Ignacio González. En marzo, unos meses antes, comparecían los imputados. Era el exguardia civil Antonio Coronado el que explicaba el nacimiento de las vigilancias: “A principios de marzo de 2008 el director general de Seguridad nos reúne en su despacho y nos dice que por especial interés del vicepresidente primero, Ignacio González, hay que recabar información, unos seguimientos, de unas personas, unos objetivos".

Entre otros objetivos que no llegaron a ser seguidos, según Coronado, estaban la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, o el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Después de siete años, los detalles resonaban en los oídos de hasta siete diputados socialistas de aquella octava legislatura en la que todo quedó en un “montaje” y una “treta” según Esperanza Aguirre. José Manuel Pinto, otro imputado, reveló que Sergio Gamón fue a su casa para decirle que "no eches mierda sobre el señor Francisco Granados ni sobre el señor Castaño" antes de su declaración judicial.

Unos días antes de las comparecencias, La Ventana de Madrid ofrecía en exclusiva una entrevista con otro de los imputados, José Oreja, en la que reveló que la entonces diputada Cristina Cifuentes estaba en la lista de objetivos, aunque también aseguró que se negaron a efectuar estos seguimientos.

La nueva comisión todavía no ha emitido sus conclusiones, y la celebración de un juicio por este caso todavía depende de varios factores, entre ellos los recursos que todavía se pueden interponer. Una hipotética sentencia sólo resolverá, en cualquier caso, si los seguimientos se financiaron con dinero público y si se hicieron con medios públicos, como los coches o teléfonos de la Dirección General de Seguridad o los propios funcionarios involucrados. Salvo sorpresa en el apartado de hechos probados, la primera orden de seguir a cargos políticos de la Comunidad de Madrid quedará en el limbo judicial.