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El Pacto de Estado contra la violencia machista, en marcha

El Congreso aprueba por unanimidad dar el primer paso para un acuerdo social y político

Cartel en la concentración convocada por la Plataforma 7N contra las violencias machistas / /

 344 votos. Todos los que había. Es el primer acuerdo de la legislatura. Por unanimidad el Congreso abrió la puerta para lograr el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. "Es un buen síntoma que hoy lleguemos a un primer acuerdo. Tendremos que llegar a más porque nos lo demanda una sociedad que nos reclama inteligencia y recursos contra un machismo infame y criminal" subrayó la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista Ángeles Álvarez. 

El Congreso aprobó la iniciativa presentada conjuntamente por el PP y PSOE que sienta las bases del Pacto de Estado. El texto contiene una docena de medidas urgentes y concretas. Una de las primeras: que haya dinero, dotarlo suficientemente con presupuesto para que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos puedan prestar asistencia social a las víctimas y a sus hijos. Pero no se especifica una cantidad. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolors Montserrat señaló al respecto que "la violencia no entiende de ideología, que arranquemos y que cada grupo parlamentario ponga sus posicionamientos en la subcomisión que elaborará el contenido del pacto. Ahora estamos trabajando en los presupuestos y por tanto será uno de los puntos de los que se podrá hablar".  Hay que recordar que el gobierno de Rajoy aplicó serios recortes en violencia de género: de un 26 % en el año 2012. Después lo fue subiendo un poco, pero todavía es un 16 % inferior al que dedicaba el anterior gobierno de Zapatero. Toda la oposición le reprochó al Gobierno esos recortes.

Otra medida: reformar la ley integral para ampliarla a todo tipo de violencia que sufre la mujer y no solo a la de pareja. Se trata de proteger también a las que sufren agresiones sexuales, violaciones, acoso, de incluir también las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzado. Esto es una recomendación del Convenio de Estambul y de la CEDAW.

Se recoge también que se refuercen las Unidades de Coordinación para procurar un seguimiento personalizado de las mujeres maltratadas, para darles mayor seguridad y protección; que en los Juzgados Especializados haya un acompañamiento judicial de la víctima, para que presente bien la denuncia porque muchas veces se archivan al estar mal formuladas; que se estudien protocolos de intervención con las mujeres que retiran la denuncia, que son un 15 %; que en el futuro pacto educativo se incorpore la formación específica en igualdad y prevención de violencia; que haya campañas permanentes de sensibilización; que los jueces hagan cursos de formación acreditada (porque los cursos son oline no presenciales) y otra actuación muy importante: reparar el daño a los menores huérfanos. (Hay situaciones sangrantes: a los hijos de las mujeres asesinadas se les deniega la pensión de orfandad porque sus madres no han cotizado o no han cotizado los años suficientes). Y por supuesto que no haya indultos para los condenados por violencia machista.

Si se cumplen los plazos, en el mes de junio el Pacto de Estado será una realidad. Lo va a elaborar el Congreso, no el Gobierno. Se va a crear una subcomisión antes de que termine el año. En un plazo de cuatro meses esa subcomisión tendrá que ver los problemas que hay, los fallos del sistema y proponer medidas. Todos los grupos harán propuestas y la subcomisión realizará el informe que remitirá al Gobierno para que posteriormente lo firme con Comunidades autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia, sindicatos, empresarios y asociaciones de mujeres. Y además se contempla que haya una comisión de seguimiento que lo evalúe cada año. Se pretende que sea como el pacto de Toledo en el tema de las pensiones.

Los políticos han tardado casi tres años en ponerse de acuerdo para que la violencia de género se convierta en un asunto de Estado. Lo propuso por primera vez la socialista Elena Valenciano en febrero de 2014. Sobre todo le ha costado al PP y al presidente del Gobierno. Rajoy nunca hablaba de este problema, ni recordaba a las víctimas, ni lo tuvo en su agenda hasta hace unos meses a pesar de su gravedad porque hay que subrayar que cada año se presentan alrededor de unas 130.000 denuncias. Este 2016 han sido asesinadas al menos 37 mujeres y de ellas el 40 por ciento había presentado denuncia contra su agresor.

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