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La ley que obligó al franquismo a suicidarse

  • Presentada como la octava Ley Fundamental, la Reforma Política estableció la base del sistema democrático y acabó con el régimen desde dentro
  • Cuarenta años después varios partidos han abierto el debate sobre incluir cambios en la Constitución, como el blindaje de derechos sociales o la revisión de la Ley Electoral

Gutiérrez Mellado felicita a Adolfo Suárez después de aprobarse la Reforma Política. /

El 18 de noviembre de 1976, Francisco Franco llevaba muerto casi un año. El compromiso de reformas orientadas hacia la democracia que había adelantado Carlos Arias Navarro en enero, no se empezó a articular en serio hasta julio, cuando dimitió y Adolfo Suárez fue inmediatamente nombrado presidente del Gobierno por el rey.

Ese día, después de un pleno en el Congreso que duró tres días, el voto a favor de 425 procuradores en Cortes —quedaba poco para que fuesen diputados— fue más que suficiente para aprobar la Ley para la Reforma Política. La democracia acababa de regresar a España.

'De la ley a la ley, a través de la ley'

Torcuato Fernández-Miranda —presidente de las Cortes y amigo y consejero del rey Juan Carlos— lo tenía muy claro; había que progresar desde la estructura de un Estado autoritario hacia el patrón de un modelo democrático, modulando esa transición de manera pacífica y sin salirse nunca de la ley.

No fue fácil. Enfrente del Gabinete de Suárez estaba el búnker, un hemiciclo nacido del capricho del aparato franquista y completamente opuesto a aceptar reformas que fuesen en contra de los postulados del régimen. Sin oposición, además de en el Congreso era abrumador en el Senado y el Consejo del Reino —órgano consultivo similar al actual Consejo de Estado—. Por otro lado la oposición, organizada en Coordinación Democrática —la platajunta—, también presionaba al Gobierno exigiéndole la renovación a la que se había comprometido.

Para evitar fracturas legales, Fernández-Miranda redactó la Reforma Política como una Ley Fundamental, conservando las formas jurídicas que blindaban la dictadura e incluyendo los mecanismos para, si fuera pertinente, poder enmendarla y rectificarla. No obstante, el aspecto de la nueva ley era indiscutiblemente democrático: se otorga y reconoce la soberanía al pueblo, se avalan las Cortes, salidas del resultado de elecciones democráticas, como única institución capaz de elaborar y aprobar leyes, y se considera la opción del referéndum popular vinculante como forma de ratificar cuestiones de interés nacional.

Intentando aumentar las posibilidades de que saliera adelante, Fernández-Miranda ideó meses antes el procedimiento de urgencia para agilizar los trámites burocráticos, evitando así que la Reforma fuese estudiada antes por la Comisión de Leyes Fundamentales, de la que era complicado que saliese admitida.

Efectividad en las ponencias

Como revela alguna crónica del momento, las reuniones y negociaciones clandestinas y al margen de la tribuna de oradores, fueron esenciales para cimentar procurador a procurador, una mayoría sólida que secundara el proyecto. En cualquier caso, el trámite parlamentario era ineludible.

Torcuato Fernández-Miranda, estrategia y astucia

A.M.

Era catedrático de Derecho Político y conocía perfectamente la estructura jurídica del franquismo. El dictador lo designó preceptor del príncipe Juan Carlos para que lo preparase hasta su momento de heredar la jefatura del Estado. Cuando el momento llegó y el nuevo rey debía nombrar el Gobierno, Torcuato Fernández-Miranda fue el primero en recibir la propuesta, pero la rechazó. Ya había dirigido el Gobierno —en funciones— tras el atentado contra Carrero Blanco en 1973, y entendió que podía servir mejor a su país desde la presidencia de las Cortes, colaborando en los trámites para conseguir la transformación democrática de España.

Fernández-Miranda logró que Adolfo Suárez estuviera en la terna de la que tenía que salir el nuevo presidente del Gobierno tras la dimisión de Arias Navarro, inventó el procedimiento de urgencia para tramitar la ley, y manejó con inteligencia la elección de los ponentes en los proyectos de ley antesala de la Reforma Política definitiva.

En agradecimiento, Juan Carlos I lo nombró duque, lo designó senador en las Cortes constituyentes y le concedió el Toisón de Oro. Murió en 1980 en Londres, con 65 años y la transición construida.

La defensa del dictamen de la Reforma recayó en una ponencia integrada por cinco procuradores, entre ellos el sobrino del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera —Miguel, que resultó una baza argumentativa muy poderosa ante el búnker—.

Después llegó el turno de las enmiendas a la totalidad y al articulado, en las que hasta dieciséis señorías expusieron las propuestas que consideraban que debían eliminarse o corregirse en la Reforma. De estas enmiendas salieron los cambios incluidos después en el texto final. El más importante fue el de la concreción del sistema electoral, sobre el que Alianza Popular insistió profusamente. El Gobierno cedió hacia el sistema mixto —el actual de circunscripciones que eligen representantes en función de su población—, pero con "dispositivos correctores" que supeditasen la entrada en el parlamento a un porcentaje mínimo de votos. Esta cesión confirmaba que en la votación final, Alianza Popular —que contaba con casi doscientos escaños y personalidades del régimen como Manuel Fraga— ni se iba a oponer ni se abstendría, otro tanto poderoso frente al inmovilismo del búnker.

La ponencia respondió por última vez y el entonces ministro de Justicia Landelino Lavilla, pidió la palabra para reforzar el discurso defensor a modo de alegato final antes de la votación que se dividió en dos: Primero se votaron las enmiendas sobre el sistema electoral que había pedido Alianza Popular (2 votos en contra y 57 abstenciones). Después empezó la votación de todo el proyecto.

Era necesario que dijeran "sí" dos tercios de la Cámara (330 procuradores). El secretario primero de las Cortes fue nombrando a cada legislador. Con más de 400 votos a favor después, el presidente de la Cámara cerraba la sesión tras anunciar: "El proyecto de ley ha sido aprobado". Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.

Portadas de 'ABC', 'El País', 'Diario 16' y 'La Vanguardia', del 19 de noviembre de 1976, un día después del fin del Pleno de la Reforma Política. / HEMEROTECAS ABC, EL PAÍS, EFE Y LA VANGUARDIA

"Ese día se suicidó aquel régimen", dijo José Antonio Girón de Velasco, uno de los viejos prebostes de la dictadura. Lo que popularmente empezó a llamarse el harakiri de las Cortes franquistas, el búnker lo tradujo como una muestra de flexibilidad, sentido de la responsabilidad, "cabecera de diálogo y puente de concordia".

Pasos previos

El empeño demócrata no fue repentino, ni se ciñó a la Reforma Política. El último líder del Gobierno de Franco, Arias Navarro, avanzó medidas clave para rescatar y ampliar después las libertades, como la Ley Reguladora del Derecho de Reunión —que despenalizaba la congregación de personas con fines sindicales o académicos por ejemplo—, o la Ley de Asociaciones Políticas, que aunque no eran legales según el Código Penal, permitía la creación libre de partidos políticos desvinculados del partido único, el Movimiento Nacional.

Pero el impulso manifiesto hacia la metamorfosis del Estado comenzó cuando Adolfo Suárez asumió la presidencia del país. A partir de ese momento llegaron la amnistía para los condenados y encarcelados por expresar su ideología, o el ajuste en el Código Penal para que ahora sí, estuviera permitida la pluralidad de fuerzas políticas.

Cuando la octava Ley Fundamental estaba redactada, Suárez, antes que a ningún otro sector, la presentó ante altos mandos de las Fuerzas Armadas. Gran parte de la cúspide en la jerarquía del Ejército estaba formada por militares que habían participado en la Guerra Civil. Dos días después de hablar con el estamento militar, el presidente presentó su proyecto ante los españoles a través de un mensaje televisado.

La Constitución cuestionada

La Ley para la Reforma Política quedó derogada al mismo tiempo que se ratificaba la Constitución. Cuarenta años después y a partir de una creciente demanda social, varios partidos han abierto el debate para cambiar algunos puntos.

Entre las propuestas presentadas por diversas fuerzas parlamentarias, están las que tienen que ver con la organización territorial del Estado, la reforma de la ley electoral, aplicar normas que garanticen la independencia del Poder Judicial, que supriman privilegios como los aforamientos o que refuercen la garantía de derechos sociales.

Desde 1978, en la CarTa Magna solo ha habido dos modificaciones —sin referéndum—: la de 1992 fue sintáctica, una reforma menor (se añadieron las palabras "y pasivo" al artículo 13.2, que habla sobre el derecho de voto de los extranjeros en elecciones municipales). En 2011 sin embargo, el cambio tuvo mayor repercusión. PP y PSOE pactaron la redacción del nuevo artículo 135, que otorga prioridad al pago de la deuda pública y somete los límites de déficit, a lo que establezcan las autoridades económicas de la Unión Europea.

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