Francisco Camps persigue a los agentes de la Guardia Civil que le investigan

Madrid

Primero acudió a la vía penal, con la presentación de una querella por injurias y calumnias. Pero ante el escaso éxito, porque fue inadmitida en septiembre pasado por el juzgado número 17 de Valencia, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha vuelto a la carga contra la Guardia Civil.

Esta vez ha iniciado los trámites para presentar una demanda civil, que comporta una sanción económica en caso de condena, contra los dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que firmaron un informe del caso Taula, en el que vinculan a Francisco Camps con la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

La titular del juzgado 22 de Valencia ha admitido la papeleta de conciliación presentada por Francisco Camps contra los agentes por vulnerar su derecho al honor, y ha convocado a ambas partes para el próximo mes de febrero. Es el paso previo a la presentación de una demanda civil.

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER consideran “inaudito” que el juzgado admita la celebración del acto de conciliación, porque esta acción tiene lugar para ofrecer la posibilidad de rectificar a los agentes demandados y éstos ya han expresado el producto de sus investigaciones en un informe que ha sido incorporado a un sumario. Para las mismas fuentes, el simple hecho de convocar este acto de conciliación supone “una coacción, un disparate e incluso un fraude procesal” y abre la posibilidad de actuar “contra cualquier policía por hacer su trabajo”, dejándole en una situación de “desamparo”. Encima, por la vía civil, que comporta reclamaciones económicas para los “no muy boyantes” bolsillos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Camps persigue a los agentes que le han situado en la cúspide de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En su informe, concluyeron que el expresidente era el recaudador y nexo con la caja B nacional del partido. Además, supuestamente controlaba el amaño de las adjudicaciones en colegios que engrosaban la caja negra, y el reparto de comisiones.

La obsesión de Francisco Camps con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no es nueva. Después de que la Cadena SER difundiera en exclusiva el pasado mes de febrero que los investigadores le colocaban en el vértice de la supuesta organización criminal, exigió en público al director general de la Guardia Civil el nombre del agente que le incriminaba.

Después presentó una denuncia por revelación de secretos contra el juzgado que instruye el caso debido a la información revelada por la SER, en la que insiste en hostigar a los agentes de la Benemérita. De hecho, su letrado pregunta en los interrogatorios si fue la UCO y en concreto qué agentes, quienes filtraron el contenido de sus informes.