PP y Ciudadanos someten su pacto a examen por primera vez

Madrid

Las 150 medidas que el PP se comprometió a poner en marcha para conseguir el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy no están aún en la agenda del presidente. Incluso las que deberían aplicarse en las primeras semanas de gobierno se encuentran paralizadas. Mientras, los de Albert Rivera observan cómo su socio parlamentario se plantea incluso modificar unilateralmente alguno de los puntos firmados. Tras la muerte de Rita Barberá los conservadores hablaron de la necesidad de "dar una vuelta" a la cláusula por la que cualquier cargo público imputado en un caso de corrupción debe ser inmediatamente apartado de su puesto. Además la formación ha sufrido varios desplantes del Ejecutivo al desmentir sus anuncios sobre una hipotética subida del techo de gasto. El Ministerio de Economía, principal interlocutor de Ciudadanos, se comprometió a realizar ese aumento pero Hacienda lo negó al comunicar que se haría una rebaja de en torno a 5.000 millones.

En el partido prefieren mantener la calma y aunque ya hablan de "potenciales incumplimientos" por parte del PP van a esperar para analizar las consecuencias de los mismos y después reaccionar. "No podemos estar amenazando cada día con la ruptura del pacto", dice un miembro de la dirección que asegura que hay que ver si definitivamente los conservadores no van a llevar a cabo alguna de las medidas o si les piden más tiempo para implementarlas.

De momento, según el texto firmado, esta semana el Ejecutivo debería haber reclamado a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal la parte del 10% del dinero aflorado que se les perdonó. Según la formación el ministerio de Hacienda tiene hasta el miércoles día 30 para reabrir los procedimientos de comprobación y que los expedientes no prescriban. Hasta este domingo por la tarde el equipo económico del partido no tenía constancia de que el departamento de Cristóbal Montoro fuese a hacerlo. Del cumplimiento de este punto depende la puesta en marcha de otras medidas pactadas a las que irían destinados los casi tres millones que se debería ingresar por esta vía durante toda la legislatura, mil millones para el ejercicio de 2017. Con la idea de comprobar cuáles son las intenciones reales del Gobierno, Ciudadanos someterá a votación del Congreso este martes una iniciativa relacionada con este asunto.

Otro de los puntos del pacto que debería cumplirse en las próximas horas es la creación de un equipo de trabajo, que en paralelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, estudie la posible reforma del modelo de financiación autonómica. Los consejeros de economía de las distintas comunidades se reúnen esta semana con el ministro de Hacienda para negociar el dinero que se les va a transferir en 2017, algo que depende de la negociación de los Presupuestos Generales y del techo de gasto. A pesar de ello, en el partido de Rivera no tienen constancia de ningún avance sobre el compromiso 123 del acuerdo por el que votaron a favor de Mariano Rajoy.

En lo que, por ahora, sí ha conseguido Ciudadanos que el PP cumpla su palabra es en la puesta en marcha de una subcomisión que aborde un pacto nacional por la educación. Los cuatro partidos mayoritarios acordaron la semana pasada comenzar los trabajos para sustituir la LOMCE por una nueva ley que genere mayor consenso. También esta semana, gracias al apoyo de los conservadores y del Partido Demócrata Europeo Catalán, la formación naranja sacará adelante un proyecto de medidas urgentes para emprendedores. Aunque el pacto dice que esa iniciativa debería estar ya aprobada, por el momento ambas partes solo han conseguido consensuar el texto e iniciar su tramitación en la Cámara Baja.

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Reformas de calado en los próximos dos meses

Además de esas iniciativas que el Gobierno debería haber tramitado en los primeros treinta días de mandato, existen otras tantas con calendario de aplicación, de mayor calado y de las que Ciudadanos y el PP no han hablado por el momento. Algunas de ellas requerían incluso una modificación exprés de la Constitución para ponerlas en marcha antes de finales de enero del año próximo. Son por ejemplo, la eliminación de los indultos en casos de corrupción o de los aforamientos a políticos y cargos públicos. El actual Ejecutivo se comprometió además a limitar a 8 años el mandato de presidente del Gobierno o a impulsar una reforma de la Ley electoral que, entre otras modificaciones eliminara el voto rogado. Rivera anunció esta semana, tras la formación de la comisión constitucional, que antes de que acabe el año, el Congreso habrá creado una subcomisión de estudio sobre este asunto.

Uno de los asuntos que más controversia generó durante la negociación del acuerdo fue la exigencia de poner en marcha una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP, que según lo firmado debería ponerse en marcha en los próximos dos meses. El PSOE registró una petición sobre este mismo asunto que aún está pendiente de ser calificada por la Cámara. En mismo plazo de aplicación tiene el pacto nacional por la racionalización de horarios.

Ciudadanos mantiene contactos y reuniones habitualmente tanto con la vicepresidenta como con el ministro de Economía pero fuentes presentes en esas citas aseguran que aún no se han tratado ninguno de los asuntos pendientes. Aseguran que el Ejecutivo está centrado ahora en la negociación de las cuentas del año que viene, algo sobre lo que esperan tener noticias esta misma semana. Esos mismos dirigentes insisten en la necesidad de mantener la calma y no dar por roto el acuerdo. Aunque dan por hecho que habrá incumplimientos prefieren esperar a ver en qué se traducen y si son totalmente irreparables para después anunciar cuáles son las consecuencias.