Tribunales

Una pelea de bar de once años

El Tribunal Supremo condena a dos años y medio de prisión a un hombre que en octubre de 2005 estampó un vaso en la cara a otro en una discoteca de un barrio de Málaga

Getty Images

Madrid

En la madrugada del 22 de octubre de 2005, dos hombres tenían un encontronazo en la cola del baño de una discoteca de Cerrado de Calderón, un barrio residencial de Málaga. A los pocos minutos, uno de ellos tiraba al otro al suelo de una patada en el estómago y le estampaba un vaso en la cara, causándole diversas lesiones y dejándole para siempre una cicatriz en el labio. La víctima estuvo veinticuatro días ingresada en el Hospital Regional de Málaga y tardó un año en recuperarse de la agresión después de diversos tratamientos: la Justicia ha tardado once años y un mes en dictar una sentencia definitiva para condenar al culpable a dos años y medio de cárcel.

En una sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los jueces del Tribunal Supremo entienden que tardar diez años en investigar una pelea de bar debe traducirse en una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y rebajan de tres años y nueve meses a dos años y medio la condena de cárcel impuesta al agresor en un principio por la Audiencia Provincial de Málaga, manteniendo intacta la indemnización de casi 16.000 euros que debe pagar a la víctima, que entre otras secuelas padece pérdida de olfato y gusto. Cuando ingresó para ser tratado, el Hospital malagueño todavía llevaba el nombre del aviador franquista Carlos Haya.

Según el texto, los hechos tuvieron lugar en octubre de 2005 pero el juicio en la citada Audiencia Provincial no tuvo lugar hasta junio de 2015 y la primera sentencia no fue dictada hasta enero de este año. El Tribunal Supremo, que dictó sentencia hace unos días, entiende que “es patente que el plazo durante el que se ha tramitado este procedimiento, que supera los diez años, es un plazo incuestionablemente irrazonable”.

Destaca que, además, el procedimiento no era especialmente complejo, ya que sólo había un acusado que “estuvo todo el tiempo a disposición judicial”. La sentencia refleja que los testigos declararon en el juzgado de instrucción a los pocos meses de producirse la agresión: la causa quedó paralizada después, entre otras cosas, a la espera de informes médicos. Dicen los jueces del Supremo que “las únicas pruebas que justificaban cierta tardanza eran las periciales médicas, por su complejidad, pero no hasta el punto de que se invirtieran años en su práctica”.

“No se hace justicia”

Pedro Apalategui es el abogado del hombre que fue agredido en el bar hace ahora más de once años, y en declaraciones a la Cadena SER asegura que en este caso los retrasos en la instrucción “no tienen ninguna justificación”:

'Es un ejemplo más'

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En prácticamente todas las memorias emitidas en la última década, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha subrayado la necesidad de modernizar y contar con más medios en sus juzgados. En 2012, por ejemplo, destacaba su "tasa de congestión", y destacaba una circunstancia específica que convierte en los juzgados de la provincia en una representación a escala de la Audiencia Nacional: la cantidad de macrocausas de corrupción que investigan sus jueces y juezas. Un año más tarde, el TSJA también reclamaba cambios normativos para hacer frente a la cantidad de asuntos sin autor conocido y por tanto condenados al sobreseimeinto, más de cien mil en el caso de Málaga. 

Otras grandes dilaciones

Una trifulca de bar que ha tardado en llegar a juicio más que algunos de los casos más sonados de la historia de la corrupción española, como por ejemplo la trama Gürtel, que tardó ocho años en llegar al banquillo, o el caso Nóos, que invirtió seis años en la causa. La investigación sobre la pelea en el bar de Alsasua, en la que dos agentes de la Guardia Civil y sus dos parejas fueron agredidos, ha durado apenas un mes.

Los retrasos en este proceso judicial ahora sentenciado en firme por el Tribunal Supremo constituyen uno de los casos más abultados de la última década, pero no es el peor que registran las bases de datos de la Justicia española

  • Dieciséis años para un motín: en 1990, varios presos de la cárcel alicantina de Fontcalent protagonizaban un motín reteniendo a varios guardias a punta de pincho improvisado. La primera sentencia de la Audiencia Provincial no llegaba hasta 2006, y el Tribunal Supremo no se pronunciaba de forma definitiva hasta 2008.
  • Quince años para una estafa bancaria: en 1993, un trabajador de una sucursal del Banco Exterior de España en Valencia y un amigo urdían un plan para terminar causando un perjuicio de 38.000 euros a la entidad. La investigación no arrancó hasta 1998, la primera sentencia no llegó hasta 2007 y el Tribunal Supremo hizo lo propio hasta 2008.
  • Doce años para un desvío de fondos: a mediados de los noventa, un decano y una directora de departamento de la Universidad del País Vasco desviaban un total de 168.000 euros de las cuentas del centro. La primera sentencia de la Audiencia de Vizcaya no llegaba hasta 2012 y el Tribunal Supremo no daba el caso por cerrado hasta 2014.
 
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