Una adjudicataria del AVE de Murcia denunció a ADIF un desfalco de 19,5 millones de euros en el año 2013

Madrid

ADIF fue alertado en junio del año 2013 que en uno de los tramos del AVE de Murcia se estaba realizando un desfalco de casi 20 millones de euros. Así lo denuncia una adjudicataria que controlaba la ejecución de las obras en uno de los tramos de los cuatro que constan en este proyecto de AVE que nunca llegó a su destino.

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La declaración la recoge un informe del equipo de delincuencia económica de la Guardia Civil elaborado el pasado siete de noviembre y al que ha tenido acceso la Cadena SER, que incorpora el documento que presentó esta adjudicataria, GPO Ingeniería SA contratada por ADIF en marzo del año 2009 para los servicios de asistencia para el control de las obras de Alta Velocidad Levante en varios tramos del proyecto.

El documento lo firma según su declaración ante la Guardia Civil, Jose Luis Monter García Bermúdez, jefe de la unidad de ACO (Asistencia y Control de Obras). Está fechado el 15 de junio del año 2013 y documenta un desvío de fondos públicos de casi 20 millones de euros que corresponden a solo un tramo de una adjudicataria, en este caso de la UTE Sacyr, de los cuatro tramos de los que consta este proyecto de AVE.

"Existen 6 millones de euros contemplados en la reposición de acequias que o bien no se han llegado a realizar o bien han sido incluidas en otras acequias ya valoradas". Además continua el escrito en las acequias ejecutadas hay una diferencia de valoración de casi 8 millones de euros.

Además del dato detallado de las acequias, el documento incorporado al sumario y aportado por esta adjudicataria, sigue desgranando las irregularidades que se detectaron en este tramo. "Hay una partida de 1,2 millones de euros destinada a labores de ingeniería por parte del Juzgado

Privativo de Aguas de Orihuela que no es de abono porque todos los planos fueron realizados según esta declaración por el contratista. Otros 4,3 millones corresponden a una cantidad de enlibaciones o excavaciones en pozos y zanjas o mediante tablestacas muy superior a lo realmente ejecutado.

Monter García Bermúdez declaró en calidad de investigado ante la Guardia Civil el pasado septiembre. En su declaración judicial asegura que "realizó ese informe el 15/06/2013 y que lo entregó en su empresa GPO a su jefe y que GPO lo entregó a ADIF". Cuando la Guardia Civil le preguntó si entendía que ADIF tuvo conocimiento de estas irregularidades denunciadas por GPO aseguró que sí.

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A pesar de esta denuncia este informe de la benemérita subraya que el investigado "suscribió todas y cada uno de las relaciones valoradas a origen de las obras ejecutadas que certificaban la ejecución de los trabajos y permitían el cobro de los mismos por parte de la UTE". El pasado 9 de diciembre declaró junto con dos responsables de obras de esta adjudicataria ante el juez del caso. Los tres declararon acusados de los presuntos delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, delito contra la hacienda pública, estafa y falsedad documental.

Como ya adelantó la cadena SER el equipo de delincuencia de la Guardia Civil vuelve a acusar a Acciona Infraestructuras SA, Dragados SA, Sacyr y a la Constructora San José SA de estar al corriente de "todas estas maniobras de desvío de fondos porque dada su magnitud requerían su conocimiento". "Todas estas maniobras de desvío de fondos, dada su enorme magnitud, era improbable que pudieran realizarse sin el concurso o conocimiento de las adjudicatarias principales y lógicamente de personas responsables de las mismas relacionadas con estas obras. Los fondos se desviaron a través de unas obras de reposición hidráulicas que nunca llegaron a hacerse y que se camuflaron, según la Guardia Civil, con facturas falsas.

La Investigación sostiene que Obras Marimar, el subcontratista que impusieron a las adjudicatarias los titulares de los terrenos afectados por las obras y que está en el epicentro de la trama, y un ejecutivo de Adif no pudieron perpetrar el saqueo de fondos sin la colaboración de las grandes empresas adjudicatarias.

Según la benemérita "todas estas maniobras de desvío de fondos, dada su enorme magnitud, era improbable que pudiesen realizarse sin el concurso o conocimiento de las adjudicatarias principales y lógicamente de las personas responsables de dichas adjudicatarias relacionadas con las obras". Las constructoras a las que se hace referencia en este informe elaborado el pasado 26 de junio son Acciona Infraestructuras SA, Dragados SA, Sacyr y la Constructora San José SA.

Según los cuadros elaborados por la guardia civil en este informe el total de fondos liberados por ADIF a las adjudicatarias principales asciende a 62.224.916,40 euros. De este total hay constancia policial de que al menos 30.172.646,00 euros fueron facturados por la empresa Obras Marimar que aparece según los investigadores en el epicentro de la trama. Los agentes sospechan que 17.638.754,47 de esos más de 30 millones euros fueron facturados de forma ficticia por trabajos no realizados. Que esos 17,6 millones de euros son la cifra del dinero desviado por Obras Marimar con el conocimiento o concurso de las adjudicatarias principales.

En este informe de noviembre La Guardia Civil acusa también a ADIF de no haber ejercido el control suficiente de las obras de reposición hidráulica. "En el control que se debería llevar sobre estas obras de reposición hidraúlicas, no solo estaban las Adjudicatarias Principales que en definitiva era quienes facturaban directamente a ADIF para el cobro de las mismas. Sino que además había otros organismos y empresas, en este caso personas de la propia ADIF y de las empresas denominadas ACO (Asistencia y Control de Obras), empresas que ejercían su actividad sobre las obras de la plataforma del AVE y sobre las obras de reposición hidráulicas afectadas".

ADIF asegura que nunca se recibió ningún informe de irregularidades

Fuentes oficiales de ADIF aseguran a la SER que en los registros de ADIF no consta la recepción del informe alertando de las irregularidades que hoy publica la Cadena SER. Según estas fuentes la primera referencia que ADIF obtiene de posibles irregularidades de estas obras procede de la Agencia Tributaria, que solicitó datos económicos relativos a la ejecución de la Línea de Alta Velocidad Alicante- Murcia, el 19 de febrero del año 2014. Posteriormente el 14 de julio del año 2015, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) solicitó nuevas informaciones sobre las obras y entrevistas con diferentes responsables de ADIF, en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción nº9 de Murcia. ADIF añade que se ha personado en la causa como parte perjudicada para analizar con el máximo detenimiento los detalles del sumario para determinar con el mayor rigor posible, los daños y perjuicios económicos generados a la entidad pública por las irregularidades supuestamente cometidas.