El Congreso debatirá la primera iniciativa legislativa popular de 2017

Madrid

El Congreso tiene previsto debatir en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en febrero la que será la primera iniciativa legislativa popular del curso parlamentario. Se trata de una propuesta para suprimir los copagos abusivos en la ley de dependencia, evitando su fijación arbitraria por parte de las comunidades autónomas, que promueve el Comité Español de Representantes de Discapacidad, y que ha logrado superar ya el escollo más complicado para su tramitación, al reunir 740.000 firmas ciudadanas.

La del CERMI es la más avanzada en estos momentos, pero otras nueve iniciativas, sobre asuntos muy variados, aguardan turno en el Congreso en un trámite previsto en la Constitución para dar voz a la ciudadanía a la hora de promover leyes en el Parlamento pero que en la práctica se convierte en una misión casi imposible debido a los numerosos requisitos que deben cumplir.

Para empezar, hay materias excluidas. Se rechazan automáticamente si afectan a la reforma de la Constitución, los Presupuestos Generales, leyes de carácter tributario, internacional o los indultos. Si pasa el primer filtro en la Mesa del Congreso si abre un plazo de nueve meses para reunir 500.000 firmas, una cifra al alcance de muy pocos colectivos como admite el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo. "Lo decimos porque lo hemos vivido en carne propia a pesar de que nosotros sí lo hemos conseguido, pero es realmente una exigencia excesiva. En la Unión Europea para presentar una iniciativa legislativa popular sólo se exige un millón de firmas teniendo en cuenta el conjunto de la población comunitaria, mientras que en España se requiere la mitad, medio millón de firmas, para una población de 46 millones, es decir, proporcionalmente se exige mucho más a los ciudadanos españoles que a los europeos, no tiene razón de ser. Es un procedimiento anticuado y excesivamente rigorista", lamenta Cayo.

Promover una iniciativa legislativa popular lleva tiempo, esfuerzo y también recursos porque el Estado sólo reembolsa los gastos si la ILP logra reunir las firmas y tramitarse en el Congreso. Algo que deja fuera a particulares u organizaciones con pocos medios. Es el caso del partido de los Verdes Ecopacifistas, inmerso ahora en la tarea de reunir las firmas para exigir la dación en pago en el Congreso. Su presidente, Abelardo Lloret, explica que "en la práctica, sólo colectivos con una importante organización e infraestructura logran culminar con éxito todos los requisitos. Poner mesas para reunir las firmas es muy complicado, el procedimiento de la firma electrónica es a priori algo más fácil pero tampoco es sencillo. Se tendría que reducir el número de firmas exigidas, la participación democrática de los ciudadanos por esta vía es un auténtico calvario".

Las cifras avalan estas quejas, en todo el periodo democrático se han presentado cerca de noventa iniciativas legislativas populares de las que sólo una acabó prosperando parcialmente –fue una reclamación sobre deudas comunitarias en 1995 que acabó desembocando en la modificación de un artículo de la ley de Propiedad Horizontal–.

Y es que, una vez superados todos los requisitos, nada garantiza que la iniciativa se debata en el Congreso. Es potestad de los grupos políticos decidir si se da luz verde o no a la tramitación durante la toma en consideración en el Congreso y en caso de prosperar son las fuerzas políticas las encargadas de presentar las enmiendas correspondientes al texto, de modo que la proposición de ley podría acabar teniendo un contenido diferente al pretendido por sus promotores. El proceso además, no es rápido, un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos cifra entre nueve meses y dos años el tiempo medio de espera que transcurre entre que una ILP supera todos los escollos y su debate en el Congreso.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos son partidarios de reducir a la mitad –250.000– el número de firmas exigidas para que prospere una iniciativa legislativa popular y apuestan por facilitar y agilizar el trámite. Cualquier cambio, sin embargo, requeriría una reforma constitucional que, por el momento, no se ha planteado formalmente en el Congreso.

En la actualidad, hay diez ILPS registradas en el Congreso, en distintas fases de tramitación y sobre asuntos muy variados: desde la mejora de la ley de Memoria Histórica para regular la apertura de fosas comunes y sancionar la negativa a retirar símbolos franquistas a la regulación del autoconsumo y autocultivo de cannabis o el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos. También hay registradas iniciativas ciudadanas que solicitan cambios en el sistema de custodia compartida o reclaman eliminar privilegios retributivos de los políticos cesados.