Gobierno y comunidades afrontan la reforma del sistema de financiación

Madrid

Las comunidades autónomas, prestadoras directas de los servicios sociales, sanidad, educación o dependencia; se juegan en ese nuevo modelo de financiación su futuro económico evitando el colapso financiero en unos servicios públicos que, de media, se llevan más del 70% de la mayor parte de los presupuestos autonómicos. De la Conferencia saldrá el acuerdo de trabajar para implementar un nuevo modelo de financiación autonómica, en paralelo a la financiación local.

Gasto en dependencia

Entre los asuntos más acuciantes que las comunidades pondrán sobre la mesa figura la financiación de la ley de Dependencia. De media el estado sólo financia entre el 15 y el 20% del gasto total, mientras el resto recae en los gobiernos autonómicos. Los presidentes autonómicos del PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura), reclaman que la aportación estatal sea del 50%, tal y como marca la propia ley, una demanda que también asumen algunos gobiernos autonómicos del PP como el de Castilla y León, mientras Madrid sin plantear porcentajes concretos también reclama una mejora de la financiación estatal mediante un fondo adicional para hacer frente con garantías a la atención a la discapacidad y la dependencia.

La Conferencia de Presidentes abordará la creación en un mes de una comisión que analice la situación actual, la sostenibilidad del sistema y las posibles vías de financiación a futuro del Estado pero el borrador de acuerdo que se tratará el martes no incluye ni cifras ni compromisos concretos para subir esa financiación.

Oposiciones e interinos

En la reunión también se analizará la oferta pública de empleo y las altas tasas de interinos en las comunidades autónomas. Comunidades como Castilla la Mancha quieren que se abra el grifo para poder convocar oposiciones en educación o sanidad sin restricciones, teniendo en cuenta las necesidades de cada autonomía. El borrador de acuerdo que se llevará a la Conferencia es, sin embargo, más impreciso y se limita a señalar que "se procederá al análisis de las especiales necesidades en los sectores más prioritarios y se adoptarán las decisiones en materia de tasa de reposición que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos".

Una inconcreción que se traslada también al caso de los interinos donde se plantea de nuevo un análisis de las tasas de interinidad, singularmente en educación y sanidad, para en su caso buscar fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas.

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El reto demográfico

Con proyecciones estadísticas que pronostican que España perderá medio millón de habitantes en horizonte de 15 años, los desafíos demográficos serán abordados en esta Conferencia para atender una demanda que no conoce de colores políticos y que plantearán especialmente Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón o Extremadura. Quieren que el modelo financiación autonómica no incluya sólo criterios de número de habitantes, sino las características de cada comunidad: dispersión geográfica, el envejecimiento, o la pérdida de población sobre todo en el mundo rural. El acuerdo pasa por buscar medidas para frenar la despoblación rural y en zonas de montaña e incorporar también los costes de la población flotante a la hora de planificar infraestructuras, políticas de vivienda o servicios sociales. Una medida pensada para zonas de saturación turística estacional como la que afecta a algunas comunidades del litoral y Baleares.

La Conferencia también abordará el tema del llamado bono social, con la implicación de las comunidades en el acuerdo firmado recientemente entre PP y PSOE, para evitar el corte de suministros a familias vulnerables, mejorando la coordinación y comunicación con las eléctricas para detectar y prevenir esas situaciones, así como el establecimiento de una tarjeta social que recoja todas las prestaciones disponibles en los distintos niveles, estatal, autonómico y local, para evitar duplicidades.

Constituir un Consejo Nacional de Protección Civil antes del 31 de marzo de este año o dar participación a las comunidades autónomas en la elaboración del Pacto por la Educación son algunos otros de los compromisos que se abordarán en la Conferencia.

Plazos y calendario

Hay un primer compromiso ya adquirido, que es crear en un mes una comisión de expertos integrada por representantes de las comunidades autónomas y el gobierno central que ponga en marcha los análisis para un futuro nuevo modelo de financiación autonómica. A partir de ahí empezará el proceso para escribir la letra pequeña de esas nuevas reglas del juego y sobre todo la dotación económica de los distintos compromisos. Algo que tendrá que pasar luego el filtro de los imprescindibles acuerdos parlamentarios porque la reforma tendrá que ser aprobada en el Congreso por mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica, algo para lo que nadie por el momento compromete un plazo concreto.