El Tribunal de Cuentas pide a las Cortes regular los vacíos legales de la contratación pública

El Tribunal de Cuentas pide a las Cortes que regulen lo que se conoce como encomienda de gestión, una modalidad en la contratación pública que, tras decenas de fiscalizaciones del organismo público, ha quedado en evidencia como una forma opaca de gestión, carece de un marco legal claro y es de difícil fiscalización y control por parte de las administraciones públicas que debe ser regulada desde el Congreso.

Es más, no solamente ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha encontrado dificultades para clarificar esta modalidad de gestión, también ha ocurrido en las intervenciones de ayuntamientos y Cámaras de Cuentas. Según el portavoz socialista, Antonio Hurtado: "No hay seguridad jurídica con relación a la norma vigentey hay escasa transparencia. El propio tribunal habla de la necesidad de aclaración normativa en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para que una administración le encomiende a otra o a un tercero cómo prestar esos servicios".

Por parte de Podemos, el diputado Segundo González asegura que "les parece adecuada la observación del tribunal porque se trata de uno de los vacíos que tiene la contratación pública y tiene que ajustarse a la transparencia y control de la administración pública".  Desde la formación morada presentarán enmiendas en proceso de reforma de la ley actual.

Además, la regulación supone un paso añadido en la lucha contra la corrupción. En numerosas causas judicializadas hay cuantiosas partidas desviadas de la contratación fiscalizada y ocultas en otras partidas a través de la figura de la encomienda de gestión. Para Hurtado, "la lucha contra la corrupción requiere también de cambios normativos que aclaren la interpretación y los sistemas de aplicación de la encomienda de gestión y, en es caso, facilitarían mucho los procesos de control".

¿Y ahora qué?

Después de la moción a las Cortes solicitada por el tribunal hay dos posibilidades. La ley actualmente en tramitación de contratos públicos (que tiene como principial objeto la transposición de las directivas 23 y 24 de contratación pública del año 2014, aprobadas por el Parlamento y la Comisión Europea) puede incorporar cambios normativos sustanciales.

Según el diputado Antonio Hurtado: "Desde el PSOE vamos a hacer ese esfuerzo". Además, cabe otra posibilidad, que se cree como dice el Tribunal de Cuentas una ley específica para la encomienda de gestión. "Mas amplia, que aborde más ambitos y aclare la aplicación de esta normativa" señala Hurtado.