La justicia obliga a que el Parlamento británico autorice el 'brexit'

Londres

El gobierno británico no podrá tomar por su cuenta, como pretendía, la decisión de iniciar las negociaciones para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El ejecutivo de Theresa May ha perdido la apelación que presentará ante el Tribunal Supremo. Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que es el Parlamento quien en votación de sus dos Cámaras habrá de dar la autorización, para que se pueda iniciar el proceso formal de brexit. Esa será la vía legal acorde con la Constitución, para canalizar la decisión tomada por los británicos, cuando votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.

El gobierno ha lamentado un veredicto, que esperaba, sin embargo el portavoz de May ha confirmado que a pesar del revés, se mantiene el calendario para el inicio de las negociaciones el mes de marzo. También lo ha hecho el ministro para el brexit. David Davis, quien ha anunciado la intención del ejecutivo de preparar por el procedimiento de urgencia la legislación necesaria para someterla a votación. Todo el proceso podría realizarse en poco más de dos semanas.

El gobierno de May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres diera la razón al recurso formulado por la inversora Gina Miller, respaldado entre otros por el Gobierno escocés, argumentando que era el parlamento quien debía dar el pistoletazo de salida a la negociación con la UE. Lo contrario era anticonstitucional y antidemocrático.

En la presentación de la sentencia, el presidente del Lord David Neuberger, indicó que “cualquier cambio en la ley para poner en efecto el referéndum sólo se puede hacer en la única manera que está permitido en la constitución del Reino Unido. Básicamente, una ley del parlamento. Actuar de otra manera sería romper con los principios constitucionales que se remontan a varios siglos atrás”. Según el dictamen, el gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento". El tribunal también estableció, esta vez de forma unánime, que el gobierno no tiene que consultar a los organismos legislativos autonómicos - Escocia, Irlanda del Norte y Gales- antes de activar el brexit. Los estatutos de autonomía fueron establecidos en su día cuando el Reino Unido era miembro del bloque europeo, explicó la corte en este sentido. "Las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido", dijo Neuberger al leer el dictamen.

Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supondrá que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972. Esos letrados insistieron en que solo el Parlamento de Westminster puede retirar esos derechos. Sin embargo, el Gobierno ha defendido que puede poner en marcha el artículo porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.

El Ejecutivo de May sostiene que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que un 51,9% frente a un 48,1% de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar el brexit sin una votación previa de la Cámara de los Comunes. La primera ministra ha insistido en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.