Dos de los empresarios detenidos señalan al extesorero Viloca como la persona que "fijaba las comisiones"

Madrid

Los interrogatorios policiales que se han hecho en las últimas horas dentro del marco de la operación Pika que se desarrolló en Cataluña el pasado jueves han corroborado la línea fundamental de investigación que manejaban los investigadores. Dos de los empresarios que fueron arrestados el pasado jueves han señalado al extesorero de Convergencia, Andreu Viloca, como la persona que fijaba las comisiones que tenían que realizar los empresarios si querían hacerse con obra pública.

Los empresarios aseguran que este tipo de comisiones que variaban según la obra concreta era la única forma que tenían para poder conseguir una adjudicación de obra pública. Esta es la línea fundamental que maneja Anticorrupción que sitúa al extesorero de CDC, Andreu Viloca, en el centro de la presunta financiación ilegal de Convergencia. Según la Fiscalía el extesorero era "quien controlaba de forma sistemática los pagos" a modos de sobornos y según la Guardia Civil se han detectado comunicaciones con ciertos empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes".

Entre el material incautado en los 25 registros que se hicieron el pasado miércoles hay mucho material en soporte informático que ahora toca analizar. Los investigadores aseguran que la clave de este material pueden ser los correos incautados a las diferentes UTES registradas porque existen indicios de que podrían cercar la actuación de personas del entorno del expresidente Artur Mas como el exconcejal de CIU en Barcelona, Antoni Vives, y el responsable de temas jurídicos del partido, Francesc Sánchez, al que siempre se le ga considerado un fontanero de Convergencia.

Lo que se busca concretamente entre todo el material intervenido, correos electrónicos, agendas y documentación son posibles amaños para convocar concursos "establecidos y medidos" a cambio de mordidas de empresarios de varios proyectos. Bajo la lupa de los investigadores hay más de una decena de proyectos bajo sospecha.

La Guardia Civil ha dejado en libertad en las últimas horas a las ocho personas que estaban detenidas desde el jueves en el marco de la operación Pika contra la presunta financiación ilegal de Convergencia. Según fuentes cercanas a esta investigación del total de detenidos tres de ellos, empresarios, se mostraron dispuestos a colaborar con la Guardia Civil en el avance de las investigaciones. El resto se negaron a declarar. Entre los empresarios arrestados están los directivos de la constructora Oproler, Josep María Bassols y Sergio Lerma, el exdirector general de Infraestructuras. CAT, Josep Antonio Rossell y el exconsejero delegado de Copisa, Francesc Xabier Tauler.

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