El sistema judicial de Estados Unidos yerra en la Gürtel

El sistema judicial anglosajón y en concreto el estadounidense, es tomado como ejemplo por diversos sectores de la judicatura y de la sociedad española, como modelo de eficacia y minuciosidad. Somos los latinos quienes tenemos la imagen de despreocupación, cuando no de cierta frivolidad o desidia, a la hora de perseverar en las investigaciones o ser escrupulosos en la salvaguarda y el análisis de los datos.

Pero al menos con la Gürtel, se han invertido los papeles. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acaba de pedir a la Fiscalía que se pronuncie sobre la última comunicación de Estados Unidos a la petición de colaboración internacional con el caso.

En el texto, el responsable de la División Criminal en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Erin Mikita, notifica al juez español que “no están seguros” respecto a si su país ha contestado a la totalidad de las 27 comisiones rogatorias emitidas sobre Francisco Correa desde 2010 porque sus “registros no están totalmente claros”. No tienen “claro” en sus “registros” de salida oficiales si han respondido en concreto a cuatro solicitudes de cooperación formuladas por el juez español.

En una petición de colaboración en la que España reclama la ayuda de Estados Unidos sobre el líder de la trama, es este país el que da trabajo al juez José de La Mata y le pregunta “si han recibido respuesta a estas cuatro solicitudes”, y en caso contrario, “si todavía están interesados en ellas”. De reclamarlas aún, Estados Unidos demanda también “si hay alguna información actualizada para las mismas”, debido a que han pasado entre tres y cuatro años desde que fueron solicitadas por la Audiencia Nacional.

Pero la carta estadounidense va más allá. El mismo Mikita dice no estar “seguro” de si han remitido “a través de canales formales” la orden de embargo de los fondos de Francisco Correa en la sede de Bancaja en Miami, donde llegó a acumular cerca de dos millones de euros procedentes de contratos públicos fraudulentos, según la Fiscalía. “Por favor, hágannos saber si necesitan que la enviemos”, manifiesta el responsable estadounidense, quien finaliza su misiva pidiendo “disculpas por las molestias”. Y no son pocas, según fuentes jurídicas.