El fiscal exonera al presidente de Murcia porque no le afecta la última reforma del Código Penal

Madrid

La Fiscalía apoya la apertura de una investigación a la senadora del PP, Pilar Barreiro, pero rechaza abrir diligencias contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en la trama Púnica. En contra del criterio de las fiscales asignadas al caso, la teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez, ha firmado un informe siguiendo las tesis de la secretaria general técnica de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Estos documentos, que ha conocido la Cadena SER, reconocen que la Ley no permite las campañas de buena reputación política personal o autobombo pero a renglón seguido expone sus dudas. Subraya que la línea que divide los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política es tenue y brumosa. Y añade que no parece que la investigación en este caso haya avanzado mucho más allá de las conclusiones a las que ha llegado la UCO.

A pesar de ello considera que hay indicios que justifican la investigación a la senadora Barreiro en el Tribunal Supremo. Correos electrónicos y las declaraciones de los responsables de Madiva, la firma con la que se contrataron los trabajos de reputación on line. Eso sí, el fiscal descarta el delito de cohecho, uno de los cinco que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El Ministerio Público descarta proceder contra Sánchez porque no se llegaron a firmar los contratos -la trama Púnica estalló antes- y, por lo tanto, no ha habido perjuicio para las arcas públicas. El presidente de Murcia se ha salvado de que los hechos investigados hayan sido anteriores a la última reforma del código penal. Tal y como recuerda la fiscalía, ahora sí que se sanciona la provocación proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública, castigando, para atajar la corrupción, la voluntad en este tipo de infracciones.

El juez aprecia delitos

La investigación de la rama murciana de la trama Púnica se centra en la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta por parte de una de las empresas investigadas, Madiva, a cambio de la adjudicación de contratos públicos que serían los que finalmente pagarían con el dinero de todos los servicios particulares de buena reputación a los cargos públicos investigados. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada y a la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro, los de fraude, cohecho, revelación de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación. Velasco tiene ahora la última palabra y debe decidir si pide al Tribunal Supremo y al Tribunal de Justicia de Murcia que les investiguen.

Pulso entre fiscales

La Fiscalía General del Estado ha impuesto su criterio frente a las fiscales Anticorrupción asignadas al caso que no han fimado el informe en contra de elevar la exposición razonada de Sánchez al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Lo ha hecho la teniente fiscal de esta fiscalía especial, Belén Suárez. Fuentes del Ministerio Público señalan a la Cadena SER que este no es un caso extraordinario. Recuerdan que en la lucha contra el terrorismo ha habido disparidad de criterios entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del País Vasco. O más recientemente, en los casos de la consulta del 9-N donde la Fiscalía de Cataluña no veía que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega hubieran cometido delito o en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo la juez Pilar de Lara para que se investigue a Alberto Núñez Feijoó y a José Blanco por recibir en Navidad cajas de vino de un empresario investigado. El fiscal de Lugo apoyó la exposición razonada pero la Fiscalía General del Estado la tumbó de plano al no apreciar indicios de delito.