Primera querella en México por un caso de bebé robado durante el franquismo

Madrid

Con 33 años, la mexicana Ligia Ceballos Franco descubrió que había nacido en Madrid, con una identidad distinta y que fue entregada ilegalmente a quienes ella pensaba que eran, hasta ese momento, sus padres biológicos. Ligia empezó la búsqueda de su verdadera identidad en 2002 y ahora, con ayuda de Amnistía Internacional, tiene pruebas de que nació en Madrid en el Hospital Santa Cristina en 1968. Fue bautizada con el nombre de María Diana Ortiz y, con apenas un mes, fue sustraída a su familia biológica y entregada a una pareja mexicana con el consentimiento de la Diputación de Madrid y la intermediación del entonces arzobispo de la capital, Casimiro Morcillo, y el arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano.

"Los arzobispos se intercambiaron unas cartas y mandaron a mis padres al hospital Santa Cristina", dice Ligia en declaraciones a la SER. Sus padres nunca hicieron unos trámites legales de adopción, según explica, porque "la Iglesia les dijo: llévense a la niña a América, quemen todos los papeles y regístrenla como su hija biológica, nacida en México". Les prometieron que el caso "nunca saldría a la luz".

Para Amnistía Internacional este caso podría ser constitutivo de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional cometido en España durante el franquismo. Hasta ahora las investigaciones realizadas en España por estos casos no han fructificado, por eso las víctimas se ven obligadas a recurrir a la justicia de otros países, como en este caso. El fracaso de las instituciones españolas lo confirma incluso la Fiscalía General del Estado que reconoce a Amnistía que ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por esta institución con relación a los bebés robados ha llegado a fase de juicio.

En el auto de la Audiencia Nacional de 2008, cuando todavía estaba el juez Baltasar Garzón, estima que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos de niños robados de madres republicanas. Pero hay denuncias de casos de bebés desaparecidos hasta bien entrada la década de los 80, como parte de una trama articulada desde varias instituciones como hospitales y miembros de la Iglesia.

Hasta Naciones Unidas ha denunciado las conexiones entre los múltiples casos de bebés robados durante la guerra, el franquismo y los primeros años de la democracia. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU indica que los robos de niños y niñas con el conocimiento del Estado pueden ser considerados desapariciones forzadas y ha recomendado al Estado español que fortalezca la búsqueda e identificación de las víctimas de este tipo de delitos.

Para Ligia esta querella persigue mucho más que una búsqueda personal. Ella cree que es por el bien común, para que se abran las puertas a la justicia que España cierra. Ligia quiere demostrar que estos crímenes deben ser investigados y que las identidades verdaderas de los niños robados no pueden seguir manteniéndose ocultas.