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Caso Urdangarin

El tribunal considera "determinante" para el fraude "la proximidad de Urdangarin a la Jefatura del Estado"

Las magistradas apelan a su condición de miembro de la familia real para conseguir 2,5 millones de dinero público en Baleares

Los exduques de Palma con los reyes en la cena del 30 aniversario de la Copa del Rey de Vela en Mallorca en 2011 /

La sentencia del caso Nóos no ha podido orillar la influencia, aunque sea indirecta, de la Casa Real en los contratos con la administración pública de Baleares que obtuvo Iñaki Urdangarin. Las magistradas aseguran que "su proximidad a la Jefatura del Estado resultó determinante para mover la voluntad de la autoridad que asumió sin cuestionamiento alguno sus pretensiones accediendo a las contratación pública con sus condiciones". Esta condición de miembro de la familia real "le procuraba el ejercicio de una presión moral" que le sirvió para obtener 2,5 millones de euros públicos en contratos.

Dice la la sala que los contratos "nacen de una orden verbal emanada por Jaume Matas". Una decisión "previa y unilateral prescindiendo de la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo" ante la que sus lugartenientes que también se sentaron en el banquillo "se dispusieron, sin cuestionamiento ninguno, a ejecutarla". El tribunal considera probado, en el caso del contrato del equipo ciclista, que "con el acopio documental que obra en la causa" que la oficina fue "la comisión de Iñaki Urdangarin" por conseguir para el govern balear el patrocinio del equipo ciclista.

Responsabilidad de los cargos inferiores

A pesar de que la sentencia entiende que Jaume Matas quien decide e impone a sus subalternos las decisiones gracias al "posicionamiento de superioridad que deriva del ejercicio de la función pública", ellos no se libran de la condena. Las magistradas reprochan que se encargaran de "dar cobertura o revestir de formalidad legal la contratación decidida previa y unilateralmente por Matas". De esta forma "se apartaron intencionadamente del procedimiento administrativo que no puede ser ignorado por quienes operan como gestores de intereses públicos". Matas ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel y sus cuatro lugartenientes a penas menores sustituibles por multa.

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